Ayuda a Domicilio:
La hermana pobre de los servicios asistenciales
Asistimos estos días de miedo y duelo al ensalzamiento colectivo de una serie de profesionales de los cuidados, cuyo trabajo, ahora sí, hemos comprendido que resulta absolutamente esencial para preservar nuestra salud y bienestar. Los principales protagonistas de este reconocimiento son, con toda justicia, los extraordinarios profesionales sanitarios que tenemos en España, que no han dudado en lanzarse a la batalla contra el escurridizo enemigo común, a sabiendas de que corren un riesgo vital que ya se ha cobrado las primeras víctimas.
Tras ellos hemos ido descubriendo y reconociendo la indispensable labor de otros profesionales de los servicios públicos, que en los difíciles momentos que atravesamos impiden que el caos inunde nuestras vidas. Aparecen aquí, y casi por orden cronológico, los policías y guardias civiles, los conductores de ambulancias, el personal no sanitario de los centros hospitalarios (personal de limpieza, celadores, etc.) el ejército, y especialmente la UME, los trabajadores de las residencias de ancianos, los encargados de la limpieza viaria y la recogida de residuos, Correos… Todavía nadie se ha acordado de unas heroínas (lo digo en femenino porque el 99% son mujeres) que se encargan cada día de asistir a las necesidades básicas de varios millones de personas dependientes, fundamentalmente ancianos, para las cuales su trabajo resulta absolutamente esencial: las auxiliares de ayuda a domicilio.
Lo peor, sin embargo, de esta ignorancia, de esta falta de visibilidad social que impide el reconocimiento de esta labor fundamental y de las profesionales que la desarrollan, es que han quedado a la cola de la actividad de las Instituciones responsables de proveerlas de medios de protección para el ejercicio seguro de su trabajo, y de garantías de continuidad del mismo en estos tiempos de crisis.
Para todos han faltado los EPIs. Pero cuando han empezado a llegar, han sido las auxiliares de ayuda a domicilio las últimas en recibirlos. De hecho se están empezando a distribuir mientras escribo estas líneas, después del arduo trabajo de los representantes sindicales de UGT ante las cuatro Administraciones, y gracias también a la colaboración desinteresada de la asociación MAKERS 3D que nos donó parte del material. Y este hecho es muy grave. Porque de que las auxiliares de ayuda a domicilio desempeñen con seguridad su trabajo depende no sólo su salud, sino evitar que se conviertan en un vector de contagio de sus usuarios (recordemos: ancianos y dependientes, población de alto riesgo) y, a través de ellos, de toda la población.
Y por último, pero de capital importancia, el sostenimiento del servicio. Desde el comienzo de la crisis se produjo una caída en picado de las personas usuarias del servicio de ayuda a domicilio, derivada, precisamente, del miedo al contagio. En este momento esa merma supera el 25% de las horas prestadas, que da lugar a una disminución equivalente de los ingresos de las empresas y de las trabajadoras del sector (aunque, en este caso, distribuidas de forma desigual).
Con buen criterio, las recomendaciones dictadas por el Ministerio de Asuntos Sociales en primer lugar, y las que siguieron por parte de la Junta de Castilla y León, fueron encaminadas a mantener la atención, siquiera de forma telefónica, a estas personas que renunciaron al servicio, y no considerarlas como bajas definitivas hasta que desaparezca el estado de alarma por la pandemia y sean confirmadas por los solicitantes. Esta recomendación tiene una doble finalidad: la de no dejar abandonados a los más débiles de la sociedad en el momento que más nos necesitan, y la de asegurar la recuperación de la actividad cuando pase la tormenta. Y lograr esto requiere de otra condición indispensable: asegurar la viabilidad de las empresas y el sostenimiento del poder adquisitivo de las trabajadoras.
Así lo han entendido no pocas Entidades Locales de nuestra Comunidad Autónoma, entre las que se cuenta el Ayuntamiento de Zamora. Otras, como nuestra Diputación Provincial, prefiere atender al fuero antes que al huevo, y sosteniendo un injustificado escrúpulo de respeto a la legalidad, estéril en estos momentos de excepción, arriesgarse a la destrucción de un Servicio de Ayuda a Domicilio provincial modélico hasta la fecha.
La principal función de las Administraciones públicas es atender a las necesidades de los ciudadanos a los que representan, sobre todo cuando esas necesidades son de emergencia y causan un quebranto importante en sus vidas. Estamos en ese caso. El trabajo de las auxiliares de ayuda a domicilio es esencial. Y la Diputación de Zamora se ha basado en ello para imponer unos servicios mínimos abusivos, cada vez que se ha convocado huelga en el sector, en un intento desesperado por mejorar unas condiciones laborales absolutamente alejadas de los estándares propios de un país como España. Ahora necesitamos que, apelando al mismo principio, la Diputación arbitre la fórmula de subvenir a las inevitables pérdidas económicas que sufrirán empresa y trabajadoras de no ponerse remedio.
Francisco Estravís Fernández
Secretario General de la FeSP-UGT
Zamora
