Horizonte #Trans: Para hablar de los retos de futuro y la plena igualdad en cuanto a losderechos de las personas transexuales, se hace necesario saber de dónde venimos y los avances adquiridos en este terreno.

POR CARLA ANTONELLI , Diputada Socialista en la Asamblea de Madrid.

La historia de nuestra democracia y el franquismo tardío nos cuenta que este colectivo fue el que más persecución sufrió proporcionalmente con el resto de las siglas LGTBI, al ser el más visible y en muchos casos de forma inevitable durante el proceso de transición de un género a otro. Carne de cañón con la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social de 1970, que venía a derogar y endurecer la Ley de Vagos y Maleantes que incluyó a las personas LGTBI en 1954. Con la ley de 1970 se aumentó la pena a cinco años y se nos internaba en cárceles especiales o psiquiátricos, donde era una práctica habitual el uso de las terapias reparativas de electroshock.

Esta norma fue de aplicación a las personas trans y LGTBI hasta 1979, dos años después de las primeras elecciones democráti­cas en este país, aunque se nos siguió condenando con la figu­ra del escándalo público hasta 1983. Las personas transexua­les que nos sometíamos a una intervención quirúrgica de genitales también fuimos a prisión hasta el año 1981, al ser considerado un delito de mutilación de genitales, así como el cirujano que realizaba la intervención. Por lo que muchas per­sonas hicieron un viaje, a veces sin retorno a Casablanca, Ma­rruecos, donde se realizaba esta cirugía. Última parada del tren para muchas personas que no se las volvió a ver.

En España la primera sentencia que posibilitó un cambio de sexo registral se produjo el 2 de julio de 1987 con el Tribunal Supremo, la cual creó jurisprudencia. Un gran avance y a su vez un estancamiento, ya que en la partida de nacimiento quedaba registrada una anotación marginal que decía “ficción de hembra” o viceversa si era de hombre. Esto no era otra cosa, sino que impedirte los derechos inherentes al nuevo sexo ad­quirido de forma legal, tales como el matrimonio, por lo que al final las personas transexuales nos quedamos atrapadas en un limbo legal hasta el 2001, donde se ganaron sendos recursos a la Fiscalía en Melilla y Ceuta, posibilitando así que pudieran contraer matrimonio con personas de distinto sexo legal.

El siguiente gran avance vino de la mano del Partido Socialis­ta, incluido en el programa electoral de José Luis Rodríguez Zapatero, la Ley de Identidad de Género, que posibilitó el cambio de nombre y sexo registral sin la necesidad de haber pasado por una intervención quirúrgica de genitales, ya que con la jurisprudencia de 1987 era obligatorio someterse a esta cirugía que muchas personas transexuales no tenían como objetivo en su proceso.

En la actualidad el Partido Socialista ha registrado en el Con­greso la reforma de esta Ley para su completa despatologización, inclusión de menores, intersexuales y personas extranje­ras en su tarjeta de residencia. Diez años después de su promulgación el 15 de marzo del 2007.

En cuanto a los derechos sanitarios, fue Andalucía en 1999 la primera comunidad autónoma que incluyó en su cartera de servicios cubrir todo el proceso de las personas transexuales, posteriormente lo hizo Madrid, País Vasco y otras comunida­des. Por lo que queda pendiente que sea considerado una prestación más en el catálogo del Sistema Nacional de Salud. Hecho que siempre ha generado controversia cuando es lle­vado al Consejo Interterritorial de Salud y no pocas veces utili­zado como cortina de humo para desviar la atención de otras situaciones, sufriendo el colectivo estigmatizaciones de todo tipo por parte de medios reaccionarios de la extrema derecha. Asimismo, han ido surgiendo leyes autonómicas integrales de transexualidad, como la de la Comunidad de Madrid del 2016, que se convirtió en la más avanzada de España y referente de otras normas posteriores. Aunque en este aspecto la batalla continúa para que el Gobierno de la Comunidad de Madrid la ejecute y desarrolle de forma completa, ya que no ha puesto en práctica ni el 50% de su articulado, cuestión por la que el Grupo Parlamentario Socialista tiene registradas más de 50 iniciativas de requerimientos al Gobierno para su cumplimien­to.

A nivel nacional aún queda todo un horizonte por acometer, como una Ley Integral de Transexualidad Estatal, la aproba­ción de la anteriormente mencionada reforma de la Ley 3/2007 y sobre todo una inmensa campaña de pedagogía y concienciación social de respeto a las diferencias, en cuanto a la orientación sexual y en este caso a la identidad sexual y/o expresión de género, que deben de ir principalmente dirigi­dos a la educación en nuestros centros de enseñanza pública , concertada y privados.

De igual modo se debe de fomentar guías y protocolos para la empresas y empleados que vayan a iniciar un proceso de tran­sición para hacer frente a los distintos tipos de discriminación que pueden sufrir en el trabajo, así como la sensibilización de los empleadores cuando se den estas situaciones o a la hora de contratar nuevos empleados.

A su vez, el impulso a través de los agentes sociales, de la in­clusión en los convenios colectivos, de cláusulas de promo­ción, prevención, eliminación y corrección de toda forma de discriminación por causa de expresión o identidad sexual, im­pulsando la elaboración de planes de igualdad y no discrimi­nación que incluyan expresamente a las personas trans, espe­cialmente en las pequeñas y medianas empresas. Siendo estas dos últimas cuestiones recogidas expresamente en el artículo 27 de la Ley Integral de Transexualidad de la Comunidad de Madrid.

No es cuestión baladí los logros conseguidos, como tampoco lo son las perspectivas de futuro, a la vez que el presente nos habla de la lucha permanente para que no nos arrebaten lo que tanto ha costado, con la ayuda indispensable de quienes creen firmemente en la igualdad real. Artífices todas de este horizonte trans que ha dejado de ser una inevitable utopía para convertirse en realidad.