Continúa la campaña informativa de UGT sobre la jubilación anticipada de policías

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El calendario legislativo deparará con la entrada del verano la aplicación de un real decreto que regulará la jubilación de los policías locales. Las previsiones de Unión General de Trabajadores (UGT) es que en junio esté redactado y en julio pase el visto bueno para su aplicación. Una vez aprobado y en marcha, solo quedarán los flecos de los «detalles técnicos» por cortar, ha matizado la responsable sindical estatal de Administración Local y Autonómica, Joana Mor Biosca. La organización desarrolló ayer una asamblea informativa sobre los cambios que se avecinan.

Desde que en septiembre del año pasado la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) aprobara por unanimidad, el proceso «ya no tiene marcha atrás», ha indicado el responsable federal de Policía Local de UGT, Juan Francisco García. La central asume el futuro decreto como «una oportunidad importante para crear empleo público y rejuvenecer las plantillas».

No es para menos cuando Unión General de Trabajadores repasa los DNIs de los agentes municipales en España. «Más que la ratio de policías por habitantes, preocupa el envejecimiento, que se va agudizando, y el problema de que prácticamente no se han sacado ofertas públicas de empleo por la tasa de reposición», apostilla el responsable regional, Carlos Alonso, quien llama la atención acerca de que uno de cada diez policías locales en activo en la comunidad está entre los 60 y 65 años. Por encima de los 50 están 1.224 de los 2.464 efectivos con los que cuentan las entidades locales en Castilla y León. Roza el 50%.

Edad media de 52 años

Segovia no es una excepción. El promedio de edad está en 52 años, ha señalado el secretario provincial de la Federación de Servicios Públicos de Unión General de Trabajadores, Miguel Ángel Mateo. Además, se produce «un salto generacional entre los que tienen más de cincuenta años y los que han cumplido recientemente los treinta».

La plantilla del cuerpo de la Policía Local en la capital consta de 110 plazas, distribuidas entre un intendente; un mayor; tres inspectores; cuatro subinspectores; once oficiales; ochenta policías, y una decena de efectivos en segunda actividad. Actualmente hay doce vacantes. Si en julio sale adelante la jubilación anticipada afectará a otros catorce agentes. El portavoz provincial de UGT hace cuentas y pone de relieve que el cuartel «se quedarán sin un cuarto de plantilla».

De ahí que los representantes sindicales insten a los ayuntamientos como el de Segovia a «ponerse las pilas para crear oferta pública de empleo», ha animado Joana Mor Biosca. La organización no pierde de vista que se trata de una norma voluntaria, aunque sus responsables están convencidos de que casi todos los policías implicados en el proceso se acogerán a la jubilación.

Sin coste a la Seguridad Social

En la provincia hay otros dos consistorios con cuerpo municipal de seguridad. Uno es Cuéllar, donde UGT cree que la entrada en vigor del decreto afectará como mucho a «uno a dos» policías locales. El otro es el de El Espinar, donde el sindicato no prevé que se generen bajas. Por su parte, el proceso de integración de vigilantes como agentes locales promovido por la Junta solo registra un supuesto en la provincia. En concreto, en Cantalejo

El responsable federal precisa que la aplicación de la futura reforma «no va a tener coste para la caja de la Seguridad Social». García pone de manifiesto que el propio ministro Montoro «tiene claro que se convocarán todas las plazas vacantes», por lo que «los presupuestos de este año van a recoger que la tasa de reposición va a ser del 100%». Por otro lado, cuestiona y se queja de «la falta de garantías» en la que incurre el régimen disciplinario al remitirse al de la Policía Nacional.