El Consejo de Ministros ha presentado un Real Decreto con medidas de impulso al Plan de Garantía Juvenil, elaborado de manera unilateral e insuficiente para que los jóvenes encuentren un trabajo de calidad y mejoren su formación y empleabilidad. Para UGT, solo desde el diálogo y el consenso con los interlocutores sociales se podrá lograr la finalidad de este programa, por lo que exige al Gobierno que se comprometa a someter a diálogo social cualquier iniciativa para mejorar el Plan de Garantía Juvenil. El sindicato considera que la presión sindical ha logrado frenar algunas medidas lesivas para los jóvenes que el Gobierno pretendía imponer en este Real Decreto, como el programa de formación destinado a la obtención de certificados de profesionalidad, que fomenta la desigualdad en este colectivo, y ha logrado incluir otras para hacer más extensivo el programa, como la flexibilización de criterios de acceso para incrementar el número de jóvenes inscritos, o el cambio para que los Servicios Públicos de Empleo puedan inscribir a los jóvenes tan solo con estar registrados en sus oficinas, agilizando el procedimiento.

La Unión General de Trabajadores considera que solo mediante el diálogo y el consenso se podrá dar un verdadero impulso al Sistema Nacional de Garantía Juvenil, con la inclusión de medidas eficaces para que los jóvenes encuentren un trabajo de calidad y mejoren su formación y empleabilidad.

Hasta ahora, el Gobierno lo único que ha hecho es parchear un plan que ha sido un auténtico fracaso, con medidas que se han centrado únicamente en mejorar el registro de los y las jóvenes en el sistema y que son insuficientes para conseguir la finalidad del plan.

En este sentido, el Ejecutivo ha elaborado de manera unilateral el Real Decreto de medidas para impulsar este plan, presentado hoy en Consejo de Ministros, sin contar con los interlocutores sociales, algo totalmente incoherente e inasumible. Por ello, el sindicato exige al Ejecutivo que se comprometa de una vez a someter a diálogo social cualquier iniciativa para el mejor desarrollo del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

En relación al Real Decreto, UGT señala que no especifica ni delimita las obligaciones y funciones de los interlocutores sociales como agentes que puedan lanzar campañas para dar a conocer la Garantía Juvenil; que estén involucrados en la inscripción de jóvenes en el fichero del plan; y que participan en la atención y desarrollo de acciones posteriores al registro, en materia de empleo y formación.

No existen datos de las actuaciones que se están llevando a cabo en España con la Garantía Juvenil. No hay información sobre qué hacen los jóvenes inscritos en el fichero. Por lo tanto, se desconoce el origen de las medidas planteadas en el borrador y no se entiende sobre qué soporte se establecen estas nuevas medidas si no existe información sobre las actuaciones realizadas.

En cualquier caso, el sindicato considera necesario reforzar las políticas activas de empleo, también para los jóvenes, aumentando a corto plazo los recursos, reorientando los actuales mediante la supresión de la mayoría de las bonificaciones y reducciones a la contratación y de otros programas carentes de eficacia. Fondos que podrían dedicarse a mejorar la empleabilidad a través de la orientación y la formación para obtener un empleo de calidad.

UGT considera que la presión sindical, en una posición compartida con las Comunidades Autónomas, ha logrado frenar medidas que el Gobierno pretendía aprobar en materia de Garantía Juvenil, lesivas para los jóvenes, y ha logrado incluir otras para hacer más extensivo el programa, como el hecho de flexibilizar los criterios de acceso al mismo para incrementar el número de jóvenes inscritos en el fichero o el cambio propuesto para que los Servicios Públicos de Empleo puedan inscribir a los jóvenes tan solo con estar registrados en sus oficinas, haciendo el procedimiento más ágil. Sin embargo, quedan muchas lagunas por resolver en cuanto al procedimiento para la inscripción, la información obtenida y su depósito en un sistema informático, ya que si no se diseñan bien estos instrumentos se podría dar lugar a errores o duplicidades.

Además, UGT valora la retirada en el Real Decreto de la puesta en marcha de un programa de formación destinado a la obtención de certificados de profesionalidad, que no compartía ni se había consultado tampoco con los sindicatos. Una iniciativa que favorece claramente a los que ya están formados e incrementa la desigualdad al dar más oportunidades de acceder a una formación de calidad a aquellos que cuentan con más recursos, inhibiendo a la Administración de su responsabilidad respecto a la mejora de la educación y cualificación de la población joven de este país.