El VI Comité Federal Ordinario apuesta por fortalecer, digitalizar y rejuvenecer los servicios públicos

VI Comité Federal Ordinario fortalecer servicios públicos

La Federación de Empleadas y Empleados Públicos de UGT (FeSP-UGT) ha celebrado su VI Comité Federal Ordinario y ha aprobado por mayoría una resolución en la que se señala que, una vez terminados los procesos electorales, se debe buscar la estabilidad para potenciar los servicios públicos.

El VI Comité Federal Ordinario ha constatado cómo la ciudadanía ha pintado de rojo el mapa político, y cómo ello debe provocar un giro social al margen de la ambigüedad política. La declaración apunta que las pasadas elecciones demuestran que la ciudadanía ha decidido que la izquierda vuelva a emerger. “La sociedad española ha dicho que somos plurales y que la política debe tener siempre una seña de identidad: el diálogo responsable desde una perspectiva netamente social, al margen de devaneos tácticos o dependencias indeseables que nada aportan al bienestar social”.

Por ello, el Comité cree necesario olvidar las políticas de la crisis, modernizar la economía y ponerla al servicio de la creación de empleo de calidad, fortalecer, digitalizar y rejuvenecer los servicios públicos y profundizar en el diálogo social y la negociación de los Servicios Públicos, para continuar mejorando las condiciones de las empleadas y empleados públicos.

El Comité considera que la política debe estar al servicio de las personas y no a la inversa, y que las instituciones -ayuntamientos, comunidades autónomas, el Estado- necesitan estabilidad para poder desarrollar y afrontar los retos pendientes en materias como el desempleo, la sanidad, la educación, la justicia, las pensiones o la dependencia.

Además, toda vez que el país está a punto de salir del protocolo de déficit excesivo y las previsiones del Plan de Estabilización 2019-2022 en materia social, se dan las circunstancias para dar prioridad al gasto relacionado con el mantenimiento del Estado de Bienestar, cuyo peso en el PIB fue del 9,9% en 2017, muy por debajo de la media de la UE.

En ese sentido, el próximo Gobierno debe llevar a cabo un esfuerzo para desarrollar los Acuerdos vigentes y complementarlos con unos nuevos que partan de iniciativas propias, y que poniendo en valor a los empleados y empleadas públicas, continúen en la senda de la mejora sus condiciones socioeconómicas y profesionales.

Para el Comité, cualquier iniciativa sobre los servicios públicos debe tomarse teniendo en cuenta a sus trabajadoras y trabajadores, puesto que son los “protagonistas esenciales para la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, en términos de igualdad y cohesión social”, además de los garantes de ello.

La resolución apunta igualmente que, con el objetivo de crear una red de igualdad sindical en todas las empresas y entidades públicas que requieran la realización de plan de igualdad, se aprueba la figura de la delegada o delegado de igualdad que formará parte de la sección sindical de FeSP-UGT y de la comisión del plan de igualdad. Su objetivo será implementar las medidas de igualdad y el seguimiento del plan.

Para el Comité, y en consonancia con la Agenda 2030 de la ONU y las resoluciones emanadas del X Congreso de EPSU, ha de ser una prioridad en la acción del sindicato el mantenimiento y mejora del medioambiente para combatir el cambio climático.

En relación con la negociación colectiva en las Administraciones públicas, se aboga por una negociación plena y sin restricciones. El Comité exige al próximo Gobierno un cambio del actual marco normativo que regula el derecho a la negociación colectiva en las Administraciones públicas. En este sentido, propondrá la supresión en el EBEP de todas la medidas de crisis y autoritarias, para volver a democratizar las relaciones laborales en las Administraciones públicas.

La resolución pasa revista a cómo los Acuerdos para la mejora del empleo y las condiciones de trabajo (marzo 2017 y 2018) se encuentran en el ecuador de su vigencia y están todavía pendientes de desplegar gran parte de sus efectos. “No obstante”, se precisa, “es posible reivindicar su positiva incidencia sobre el conjunto de las empleadas y empleados públicos: Incrementos salariales (en julio se debe percibir el 0´25% variable vinculado al PIB), creación de empleo público neto y estabilización del personal temporal, no minoración salarial en situación de IT, posible negociación de las 35hrs., ampliación permisos vinculados al nacimiento, etc. Situación impensable hace tan solo año y medio”.

El documento aprobado por el Comité Federal reafirma la idea de FeSP-UGT de defensa de los derechos del conjunto de los empleados y empleadas públicas y recuerda cómo nuestro sindicato ha sido capaz de conjugar y equilibrar en su acción sindical “los intereses y demandas sociales, económicas y profesionales del conjunto de empleados y empleadas públicas (funcionarios/as, estatutarios/as, laborales, interinos/as, temporales, etc.)”.

Respecto a la negociación colectiva en los sectores públicos de gestión privada, se constata la necesidad de generar empleo con derechos y apostar por la calidad del servicio a prestar. “La voluntad negociadora de FeSP-UGT debe resultar inequívoca en todos sus ámbitos y sectores. Por ello, en una fase expansiva como la actual, los objetivos que el Comité se plantea se resumen en el mantenimiento y recuperación del empleo con derechos, junto con la mejora de los salarios (ganen poder de compra) y la creación de empleo neto en todos los Servicios Públicos”.

Por ello, el Comité exige a las patronales presentes en los Servicios Públicos trasladar correctamente a los convenios colectivos la subida del SMI a 900 euros mensuales; el cumplimiento del AENC en todos sus contenidos, fundamentalmente en materia salarial (alcanzar los 1.000 euros mensuales en 2020); el cumplimiento de todas las medidas legales surgidas de los denominados “viernes sociales”, fundamentalmente en materia de igualdad de trato y oportunidades de hombres y mujeres en el empleo y la ocupación, con una mayor conexión entre los planes de igualdad y los convenios colectivos, o una mayor importancia a la atención personalizada a trabajadores y trabajadoras en materia de salud laboral.

Además, también reclama la negociación en las comisiones de seguimiento de los convenios de los nuevos mecanismos de control horario; la implantación de protocolos de acoso sexual y/o por razón de sexo en todos los centros de trabajo y el excluir de las Leyes de Presupuestos Generales, en lo relativo a la fijación de las condiciones de trabajo, a los entes, organismos y entidades que, formando parte del sector público no tengan la consideración de Administraciones Públicas, recuperando la autonomía colectiva.