A medida que se acumulan abusos fiscales, sociales y medioambientales (Dieselgate, LuxLeaks, los papeles de Panamá o actualmente Cambridge Analytica), muchos de ellos con una fuerte dimensión transfronteriza, FeSP-UGT considera que ya era hora de que las trabajadoras y trabajadores de toda la Unión Europea que denuncien prácticas nocivas estén protegidos contra toda forma de represalias y cargos criminales.
El secretario general de la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP), Jan Willem Goudriaan, ha señalado: “Como activista de la justicia tributaria, me alegro de que la propuesta brinde protección a personas como Antoine Deltour, denunciante de Luxleaks, que ha realizado un gran trabajo para exponer la dañina competencia fiscal en la Unión Europea». Es refrescante que la Comisión reconozca que los sindicatos independientes desempeñan un papel clave en la provisión de asesoramiento y apoyo a posibles informantes y que los trabajadores y sus representantes tengan que ser consultados de la mejor manera para establecer procedimientos de informes internos obligatorios en el lugar de trabajo.
El vicepresidente primero de la Comisión, Frans Timmermans, ha declarado que muchos escándalos recientes “podrían no haber salido nunca a la luz si personas de dentro no hubieran tenido el valor de decirlo. No se debe castigar a nadie por hacer lo correcto”.
Los ciudadanos que revelen actividades ilegales no deben ser castigados por su actuación. Sin embargo, en la vida real, muchos de ellos pierden por sus actos su empleo, su reputación o incluso su salud; el 36 % de los trabajadores que han notificado conductas irregulares ha sufrido represalias (2016 Global Business Ethics Survey). Proteger a los denunciantes de irregularidades también contribuirá a defender la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación, y es esencial para preservar el Estado de Derecho y la democracia en Europa.
A FeSP-UGT le complace que los conceptos de «personas que informan» (trabajadores, aprendices, funcionarios, contratistas, etc.) y «represalias» se definan de manera amplia.
La propuesta publicada es el resultado de una campaña de dos años de la coalición de sindicatos liderada por Eurocadres, los eurodiputados verdes y de izquierda y los grupos de transparencia, que han estado pidiendo una amplia directiva para proteger a los denunciantes que actúan en interés público.
Las reglas propuestas se aplicarán a las trabajadoras y trabajadores tanto del sector público como del privado. La protección otorgada se aplicará a las áreas políticas de la UE en materia de impuestos, compras públicas, fondos de la UE, protección de datos, seguridad de productos o animales, entre otros.
Sin embargo, las prácticas laborales ilegales o el abuso de la ley en relación con los derechos laborales no están cubiertos por la propuesta, a diferencia de la salud y la seguridad, que sí están sujetas a la protección de la UE (Directiva marco de 1989). Esto significa que un inspector veterinario público estará protegido si informa sobre el abuso de animales en una granja, pero no lo estará si desea informar de que los trabajadores están mal pagados.
Otra limitación de la propuesta se refiere a la posibilidad de que los denunciantes informen directamente a la prensa. Esto solo se permitirá si los procedimientos de información interna en los lugares de trabajo o informes externos a la autoridad nacional competente no funcionan, por ejemplo, cuando el incumplimiento sea realizado por el responsable final.
La propuesta ahora irá al Consejo y al Parlamento de la UE. FeSP-UGT, dentro del marco de la FSESP, abogará por una propuesta más amplia y posiblemente más simple que se convierta en ley lo antes posible.
