El sector educativo ha registrado un aumento del 5% en el número de accidente totales con baja laboral desde el año 2016, al pasar de 7.534 a 7.908 accidentes en 2019. No obstante, el porcentaje de accidentes de carácter grave ha sido el doble (un 10%), y el de los accidentes mortales ha aumentado un 66%, pasando de seis a 10, según se desprende del informe sobre la incidencia de los accidentes de trabajo publicado recientemente por el Ministerio de Trabajo.

En el caso de los accidentes in itinere, el ocurrido al trabajador o trabajadora durante el desplazamiento desde su domicilio hasta su lugar de trabajo y viceversa, se ha producido un incremento de casi un 8%, pasando de 2.891 accidentes en 2016 a 3.116 en 2019.

En sectores como la construcción o la industria, las cifras de accidentes resultan muy elevadas y preocupantes. Afortunadamente, en el sector educativo no se registran las cifras de otros sectores productivos, pero, lamentablemente, también se observa ese incremento constante de los accidentes laborales, algo atribuible al drástico recorte económico sufrido por el sector.

En el de Enseñanza predominan los riesgos músculo-esqueléticos; los foniátricos, por el uso de la voz, y, debido al trato personal con alumnos y familiares, los riesgos psicosociales, caracterizados por la generación de niveles altos de estrés, síndrome del quemado, depresión e insatisfacción laboral. Muchos docentes están sufriendo estos riesgos, que no están recogidos en este tipo de estadísticas.

Los trabajadores y trabajadoras del sector educativo se enfrentan a multitud de situaciones generadoras de estrés (estresores laborales), como son aulas con un gran número de alumnos, falta de profesores de apoyo, comportamientos disruptivos por parte del alumnado, falta de apoyo por parte de familiares, gran cantidad de trabajo administrativo, problemas a la hora de gestionar situaciones de bullying, la gestión del uso del móvil en el centro, o la problemática en la responsabilidad de administración de medicinas, las alergias alimentarias del alumnado o su cuidado, así como otras múltiples situaciones que se dan en la escuela de hoy en día.

Por ello, se hace necesario su análisis a través de una evaluación de riesgos psicosociales, un apartado específico dentro de la evaluación de riesgos general. Lamentablemente, la Administración es la primera incumplidora de sus obligaciones preventivas, ya que no se sanciona a sí misma y, generalmente, no se realizan evaluaciones de riesgos psicosociales en la mayoría de los centros educativos.

Otra deficiencia específica dentro del sector público educativo es la ausencia de delegados de prevención en los centros de trabajo, ya que, debido a la forma en la que se eligen los delegados de personal,  dentro de Juntas de Personal agrupadas por entidades territoriales administrativas, no existe una figura de referencia en cada centro que sea capaz de dar respuesta a las necesidades de los trabajadores.

A juicio de FeSP-UGT, el aumento de la accidentabilidad laboral es un indicativo claro de que las cosas no se están haciendo bien en esta materia y la prueba de que el de los trabajadores de la enseñanza es un colectivo afectado por riesgos laborales que deben ser solventados.

Más información relativa a la prevención riesgos laborales del sector educativo: https://saludlaboral.org