El 11 de julio, después de más de dos años, se ha reunido el grupo de trabajo de Prevención de Riesgos Laborales. Tras este largo paréntesis, la reunión ha tenido carácter constitutivo. Por parte de UGT-prisiones se presenta una queja formal por el largo periodo de “letargo” que ha padecido este grupo de trabajo, queja a la que se suman CC.OO y CSIF.
Estará compuesto por los representantes de las organizaciones sindicales CSI-F, CC.OO., UGT, ELA-STV y CIGA; las tres primeras estarán representadas por dos miembros cada una y las dos últimas por uno solo.
Se acuerda que el grupo se reunirá, al menos, una vez al trimestre, al igual que los Comités de Salud Laboral; levantándose acta de cada reunión. La Administración se compromete a entregar, en la primera reunión anual, la planificación del año y en la segunda la memoria del año anterior. La parte social propone que, en el orden del día, se tenga en cuenta las propuestas de las organizaciones sindicales.
En el primer punto del orden del día, se analizan las memorias del servicio de PRL de los años 2015 y 2016. UGT-prisiones presenta una queja por la tardanza en el envío de las memorias. Dado que las memorias estaban realizadas, se debían haber enviado a su tiempo – aunque no se reuniera el grupo de trabajo – a las organizaciones presentes en la mesa de negociación. También se protesta por el no envió de la memoria del 2014, la administración se compromete a remitíDnosla urgentemente.
Tras la modificación sufrida, el 19 de diciembre de 2014 (BOE 24/12/2014), por el Real Decreto 67/2010 de adaptación de la legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado, que variaba sustancialmente la composición de los Comités, y de acuerdo con la nueva normativa, se han constituido todos los Comité en el ámbito de Instituciones Penitenciarias. UGT-prisiones pregunta si todos tienen un reglamento adaptado a la nueva normativa. No pueden responder con exactitud, pero a la Administración no le consta que haya surgido ningún problema por este motivo. La Administración entiende que si hubiera algún comité sin reglamento, se regiría por la Ley de Régimen Jurídico del sector Público. Se indica, por parte de UGT-prisiones, que esto puede ser conflictivo, al regular un órgano creado por la ley de Prevención de Riesgos Laborales, de ámbito laboral, con la normativa propia del derecho administrativo, donde la Administración tiene preponderancia (ejemplo el voto del calidad del presidente). Se rompe el espíritu de paridad, que obliga al consenso, que pretende la Ley de PRL.
En la organización de la estructura de prevención de riesgos laborales en la administración penitenciaria, la administración manifiesta que tiene un déficit de personal en algunos servicios de prevención; principalmente en Andalucía. Por parte de los representantes sindicales se requiere que deben dotar estos servicios – para ser eficaces- de suficiente personal.
Analizando la actividad preventiva de estos años destaca como principal problema la vigilancia de la salud. Las empresas que ganan los concursos de adjudicación no son lo suficientemente solventes para prestar el servicio; llegando al punto que la actual adjudicataria, MGO, ha desaparecido literalmente del mapa. La Administración está pendiente de saber si se puede rescindir el contrato con esta empresa. Por parte de UGT se denuncia la incompetencia de MGO en los reconocimientos de 2016. La mayoría se han realizado en 2017 y, en algunos centros, la entrega de los informes a los interesados ha sido, siendo prudentes, calamitosa. Se requiere a la Administración que ponga todos los medios para que, en las condiciones del concurso, se exija a las empresas las garantías suficientes para cumplir el contrato de adjudicación.
La formación, los simulacros, los riesgos psicosociales y los accidentes laborales han sido analizados a través de los datos ofrecidos en las memorias de 2015 y 2016.
Según las memorias, la formación está prácticamente “al día” en todos los centros. Se insiste en lo fundamental que es para la prevención la formación de los trabajadores en sus puestos de trabajo.
Se ha solicitado que las próximas memorias aporten más datos de los simulacros, de forma que se pueda evaluar la eficacia de estos y no se conviertan en mera rutina que sirva para cubrir el expediente.
La evaluación de riesgos psicosociales va a paso de tortuga. La Administración achaca a los trabajadores la falta de participación. Se indica, por los representantes sindicales, la necesidad de motivar a la participación. Por parte de UGT-prisiones se incide que una evaluación que dure diez años, no sirve para nada. Será tema prioritario de la próxima reunión las medidas a adoptar para el avance en la evaluación de los riesgos psicosociales.
Los accidentes laborales están estancados. A priori hay una elevada accidentalidad. La Administración lo achaca a que en nuestra administración, en comparación con otras administraciones, se comunican todos los incidentes, por leves que sean, lo que hace subir la tasa de siniestralidad. Los representantes sindicales solicitan que en las memorias sucesivas, se añadan más datos a los cuadros de siniestralidad a los efectos de abordar, en próximas reuniones, un estudio sobre la accidentalidad en los centros de trabajo.
La Administración ha presentado la programación para 2017 de la coordinación de prevención de riesgos laborales. Se detallan las actuaciones previstas por los servicios de prevención de cada una de las diez zonas en que se encuentran repartidos los centros de trabajo. Respecto a la evaluación inicial de nuevos centros, solo se menciona al C. P. de Archidona y el de Ceuta no aparece, la Admon. toma nota. La programación de la vigilancia de la salud se ha realizado, hasta octubre de 2017, con la empresa MGO. A partir de esta fecha se estará pendiente de la nueva contratación.
En el último punto se ha tratado la adaptación del protocolo de actuación frente a las agresiones a los empleados públicos penitenciarios ocasionadas por los usuarios de servicios que no tienen una relación de especial sujeción con la Administración Penitenciaria. La Administración informa que están desarrollando un borrador basado en el protocolo de actuación frente a las agresiones en la A.G.E., dado que la mayoría de los incidentes se pueden enfocar siguiendo el protocolo general. UGT-prisiones requiere que, basándose en el protocolo de A.G.E. podría haberse entregado el borrador en esta reunión. La Administración se compromete a enviar el borrador a los integrantes del grupo y en la próxima reunión se procederá a su estudio.
Como colofón a la reunión los representantes sindicales solicitaron información sobre:
– La limpieza en los centros penitenciarios, dado presenta serias deficiencias en algunos departamentos y centros. La Administración responde que este tema no corresponde a este grupo de trabajo al ser, los contratos de limpieza, una materia de la Subdirección Gral. de Servicios. Se hace ver que la limpieza e higiene son materia esencial de la prevención.
– Deficiencias en algunos EPIs, principalmente guantes de cacheo. Se acuerda estudiar el tema en próximas reuniones. La Administración entiende que hay que dar una solución generalizada para todos los centros de forma que se estudien los diversos tipos de guantes que hay en la actualidad en el mercado y se dote a todos los centros del mismo modelo. Así mismo se plantea la necesidad de mejorar el material antidisturbios, entendiendo este como un EPI más. La Administración entiende que esto no es tema del grupo de trabajo de PRL, al no considerar este material como un EPI. La representación sindical alega que algo que protege de una agresión, lo que implica un accidente laboral, debe ser considerado EPI.
Se pregunta por el seguimiento, por parte de los servicios de PRL, de los sistemas de climatización en los centros de trabajo. En principio la Administración “echa balones fuera” alegando que este tema tampoco es de este grupo. Se hace ver que el mantenimiento y cumplimiento de las especificaciones técnicas de estos aparatos, al igual que otros como calderas, extintores, etc., son materia de prevención de riesgos por cuanto una instalación en mal estado puede ser causante de graves daños a la salud, por ejemplo la legionela. La Administración admite que en este sentido los servicios de prevención si deben tener entre sus funciones la vigilancia de estos sistemas.
UGT-prisiones pregunta si hay suficiente dotación presupuestaria para formación en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. La pregunta queda sin responder.
Dado el carácter constitutivo de esta reunión, la valoración no puede ser negativa. El mero hecho de haberla convocado, ya es un paso adelante. Esperamos no sufrir otro parón de años. Para UGT-prisiones, la salud de los trabajadores penitenciarios debe ser prioritaria. La Prevención de Riesgos Laborales es responsabilidad de todos: Administración, empresas y trabajadores. Su quebranto es un grave daño a toda la sociedad.
