Cuando casi había cumplido su pena, G. P. G. cometió un nuevo delito por el que ahora se enfrenta a siete años de condena. Los hechos se remontan a septiembre del año 2015. El procesado G. P. G., describe el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, se encontraba interno en el Centro Penitenciario de El Acebuche de Almería en situación de tercer grado cuando, con ocasión de un nuevo ingreso debido a una reclamación penitenciaria, «fue sorprendido por funcionarios de prisiones» durante un registro en la zona de recepción de internos con un arma de fuego que portaba en el interior de una bolsa de viaje de color negro- así como distintas cantidades de sustancias estupefacientes.
En concreto, hace referencia el fiscal a que en el interior de la citada bolsa se halló un revólver de marca Astra modelo 38 SPL «cargado con cinco cartuchos metálicos». El arma de fuego incautada al acusado «se encontraba en perfecto estado de funcionamiento» aunque carecía de guía y licencia. Asimismo, se localizaron en la misma maleta dos envoltorios de plástico que contenían «una roca blanca y polvo blanco con un peso de 8,38 y 2,77 gramos». Tras realizar análisis, se comprobó que se trataba de cocaína con un porcentaje de pureza de 5,09 por ciento y 64,06 por ciento, respectivamente, que hubieran alcanzado en el mercado ilícito un valor conjunto de más de 500 euros. Los funcionarios de prisiones hallaron durante el mismo registro de la bolsa de viaje dos espátulas metálicas «con restos de sustancia estupefaciente» y 83,03 euros en metálico «procedentes de tráfico ilegal».
Por otro lado, durante la realización de un «cacheo de seguridad» se intervinieron «dos trozos de sustancia prensada» ocultos, uno, en el interior de la ropa y, el segundo, en el bolsillo derecho del pantalón. Además, había ocultado un tercer bloque en la papelera de la propia sala de registro de El Acebuche en la que se encontraba. Después de analizar también esta sustancia cuyo peso sumaba en total 92,88 gramos, se determinó que se trataba de resina de cannabis o hachís valorada, de nuevo, en más de 500 euros.
Ante tales circunstancias, el Ministerio Público considera que los hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública y otro de tenencia ilícita de armas. Por el primero de ellos, interesa una pena de cinco años de prisión así como una multa de 1.500 euros cuyo impago supondría un incremento de tres meses del arresto mientras que por la tenencia del revólver, el procesado se enfrenta a otros dos años de cárcel. En total, por lo tanto, G. P. G. podría ser condenado a siete años de prisión tras la vista oral que se celebrará en octubre.
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