Representantes de los sindicatos UGT-PRISIONES, CC OO, Apfp y Acaip mantuvieron ayer una reunión con el subdelegado del Gobierno, Faustino Sánchez, para explicarle la necesidad de indicar en la autovía A-60 (León-Valladolid) los accesos al Centro Penitenciario Provincial de Villahierro, a la vez que insistirle en la necesidad de reforzar la plantilla del centro, que actualmente se acerca al medio millar de funcionarios, insuficiente a criterio de los sindicatos.
Las principales fuerzas sindicales instaron al subdelegado a frenar los planes de privatización que el anterior ejecutivo había diseñado para los centros penitenciarios, especialmente en materia de vigilancia, donde se incluyen cada vez más servicios a cargo de las empresas de seguridad privada, en detrimento de la Guardia Civil.
Interior había aprobado un desembolso de más de 60 millones de euros para pagar a las empresas privadas, mientras los funcionarios de prisiones seguían pidiendo que se convoquen las 700 plazas públicas que debían ponerse en marcha en 2017.
El contrato afectaba a los 68 centros penitenciarios existentes, y suponía más de 900 personas empleadas a través de las empresas privadas. Los vigilantes que se encargan de «los controles de acceso, impedir salidas no autorizadas, comunicación de las alarmas e incidencias, y manejo y observación de los sistemas técnicos de vigilancia», es decir, funciones desempeñadas en el perímetro exterior de las prisiones, según los sindicatos.
CALENDARIO LABORAL
También se abordaron en la reunión aspectos referentes al calendario laboral de los profesionales del centro. La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones hizo especial incidencia en la necesidad de indicar el acceso a la penitenciaría desde la autovía A-60, que empieza a canalizar el tráfico en la zona y que por omisión, ha causado algunos problemas a quienes se dirigen a Villahierro, cuestión que se tratará de arreglar de la forma más ágil que sea posible.
La evolución de la plantilla de funcionarios ha experimentado un pequeño repunte el año pasado, después de una caída sistemática en los cinco ejercicios anteriores. De 481 efectivos (2012) se pasó a 470 (2013), que fueron 451 (2014) y bajaron a 438 en los años 2016 y 2016. «El promedio de edad de la plantilla se sitúa en los 50 años», según respondió el anterior gobierno a una pregunta de la diputada socialista leonesa Aurora Flórez.
