Una vez más, ésta con ocasión de la publicación del último dato de paro, se ha alertado a la población de la difícil sostenibilidad de nuestro sistema público de pensiones, por la insuficiencia creciente de ingresos por cotizaciones para satisfacer un gasto de prestaciones igualmente creciente. Y una vez más la publicación de esta alerta ha calado en el subconsciente de nuestra población más joven (y buena parte de la menos joven) que ya lleva varias décadas viviendo en el convencimiento, absolutamente infundado, de que el sistema está en quiebra, y de que ellos no podrán acceder a una pensión de jubilación.
Dejando aparte que el acceso individual a una pensión de jubilación (hablamos siempre de una pensión digna, es decir, suficiente para satisfacer las necesidades normales de la vida) depende de multitud de variables que el enrarecido mercado de trabajo actual no favorece, lo cierto es que las pensiones en España, a pesar del déficit coyuntural de la Seguridad Social, están garantizadas en el corto y el medio plazo, y su viabilidad a largo plazo depende sólo de la puesta en marcha de algunas reformas que no deberían modificar en absoluto la esencia del sistema, y que no pueden limitarse a la normativa reguladora de la Seguridad Social. Conviene decir esto cuanto antes, y descartar, también cuanto antes, las reformas encaminadas a la adopción de sistemas de capitalización o mixtos, que la experiencia demuestra que sólo benefician a sus gestores.
Ésta es la razón por la que los bancos y las compañías de seguros (especialmente los primeros) llevan años ofreciendo planes de pensiones y alertando de la insostenibilidad de los sistemas públicos, cuando lo que realmente está en crisis y ofrece unas rentabilidades ruinosas son estos instrumentos de ahorro. A este respecto es llamativa la información aparecida recientemente en distintos diarios económicos, en la que se afirma que el 70% de los ahorradores con plan de pensiones pierde dinero. Información que adquiere mayor relevancia si se considera que ha sido elaborada en base a las estadísticas de INVERCO, que es la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones, y agrupa a la práctica totalidad de las Instituciones de Inversión Colectiva españolas.
Es verdad que estos pobres resultados de los planes de pensiones españoles, se deben a las escasa o casi nula rentabilidad de los configurados con un perfil más conservador, que, en buena lógica, dada la finalidad que se pretende, son los mayoritariamente suscritos por los ahorradores más modestos, que no pueden permitirse el riesgo de que su sacrificio de toda una vida, se vaya al garete por la más que probable aparición de una crisis financiera como la que hemos padecido durante la última década. Pero no es menos cierto que incluso asumiendo un nivel de riesgo elevado (lo que suele corresponderse con rentabilidades equivalentes y, en algún caso, superiores a la inversión en bolsa) para asegurarse una pensión digna en los términos en que la hemos definido anteriormente, es necesaria una aportación mensual al fondo mucho más elevada de la que puede ser asumida por el trabajador español medio con su ridículo salario actual; y mucho más difícil lo tienen aún los millones de “beneficiarios” de contratos de formación, o en prácticas, o a media jornada, o a tiempo parcial (es decir: en las horas y los días que al patrón le apetece) etc., etc., etc.
A lo largo de próximos artículos intentaré explicar por qué los sindicatos de clase, y concretamente la UGT, defendemos un sistema público de pensiones, y que este sistema público de pensiones siga siendo de reparto, como el español.
Francisco Estravís Fernández
Secretario General de la FeSP – UGT de Zamora.
