El pasado mes de septiembre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sacudió el actual modelo de relaciones laborales de la sanidad pública en España. Dictó varias sentencias que han puesto sobre la mesa la elevada tasa de temporalidad del sector. UGT, como el resto de los sindicatos, lo ha denunciado durante años, sobre todo tras los cambios legislativos de 2012. El Gobierno no ha prestado atención al problema, empeñado como estaba en reducir el déficit a costa de recortar el empleo público. Uno de los mecanismos para lograrlo ha sido limitar la tasa de reposición: es decir no sacar a concurso las plazas que quedan vacantes en los distintos centros como consecuencia, por ejemplo, de las jubilaciones. Sin poder dar la cobertura necesaria por la escasez de personal, las CC.AA. optaron por diversas fórmulas para contratar a profesionales que cubrieran los mínimos imprescindibles para sacar el trabajo adelante.
Como consecuencia, actualmente, el SNS tiene en su plantilla entre un 30 por ciento y un 40 por ciento de empleo temporal, llegando hasta el 50 por ciento en alguna comunidad. Además, ha habido una importante pérdida de empleo en el sector sanitario, tal como refleja la EPA del último trimestre del 2016, realizada por INE.
La precariedad afecta a la vida personal de los profesionales generando inseguridad, pero también a las personas que utilizan el SNS. La sucesión de contratos lleva consigo una elevada rotación de profesionales en una misma plaza, lo que va en detrimento de la calidad del sistema de sanitario. Y esto precisamente en un momento en el que tendrían que haberse extremado las exigencias de calidad y eficiencia por dos motivos fundamentales: el primero es la función redistributiva del sistema sanitario público, esencial para atenuar la desigualdad generada por las políticas adoptadas durante la crisis, y el segundo motivo es el potente valor de la sanidad pública para generar empleo y riqueza social, especialmente necesario en un momento de crisis económica.
La crisis en nuestro país ha provocado una mayor brecha social: los más desfavorecidos son los que han visto más mermados sus ingresos económicos y una buena manera de paliarlo es precisamente con unos pilares del Estado del Bienestar sólidos, siendo la sanidad uno de ellos. Razón de más para que sus trabajadores no sufran la precariedad en el empleo, ni la precariedad.
La conclusión es clara: las personas no están en el centro del sistema sanitario, ni como usuarios ni como profesionales, el centro lo ha ocupado la obsesión por disminuir el déficit público.
De acuerdo, los recursos son limitados, la cuestión es cómo distribuirlos para que la sanidad sea sostenible y responda a los principios de universalidad, equidad y solidaridad que caracterizan al SNS. Un buen criterio sería que las políticas pusieran a las personas en el centro del sistema tanto a los usuarios como a los profesionales. No olvidemos que los servicios los prestan personas, trabajadores de la sanidad que ponen sus conocimientos y habilidades al servicio de otras personas. Por el momento, ellos son los que, con su esfuerzo, colocan a los usuarios del sistema en el centro del mismo y minimizan, en alguna medida, el daño que producen las desacertadas políticas de recortes.
Tribuna de Gracia Álvarez para Gaceta Médica
