El correo ha sido y es, desde siempre, uno de los servicios públicos esenciales para la sociedad, que adquiere su máxima expresión en el mundo rural, al llevar hasta el último rincón de España la distribución de las comunicaciones y mercancías a un precio asequible. Su papel estratégico como vertebrador en esa ‘España vaciada’ rural es esencial porque Correos llega donde nunca llegará la iniciativa privada, por ser una actividad rentable social, pero no económicamente.

Nadie discute que Correos debe reinventarse como empresa para seguir siendo la herramienta que cubra las nuevas necesidades y demandas de la sociedad, añadiendo la diversificación al segmento tradicional de la carta que sigue siendo su mayor volumen de ingresos, como nadie discute que el MUNDO RURAL POSTAL, pilar central de la prestación del servicio postal público y, por ello, clave en la vertebración de la tan recurrente España Vaciada, continúa anclado en un histórico abandono, que choca con el autobombo y el marketing millonario que el presidente de Correos hace de esa “marca” de país.

PARA NO CONTAR CUENTOS, COMO HACE EL PRESIDENTE SERRANO, MEJOR HACEMOS CUENTAS. Son 5.470 trabajadores y trabajadoras (casi un 10% de la plantilla total) los que diariamente recorren casi 320.000 km aportando sus vehículos particulares -e incluso aportando locales- para garantizar este servicio público, para los que en 2.002 el Convenio pagaba a 0,1923 € el kilómetro y, 18 años después, ven que se paga a 0,2302. Una subida de poco más de 3 céntimos por kilómetro en 18 años, mientras el coste de la vida real, el de los vehículos y su mantenimiento, ha subido casi un 35% (datos del INE).

¿Qué ha hecho el presidente Serrano desde su llegada respecto al mundo rural? Varias cosas y ninguna buena: la primera vender en la prensa emotivas y costosas campañas mediáticas como la del #YoMeQuedo, en la que aseguraba tener un “compromiso para afrontar el reto demográfico en el ámbito rural”.

La segunda, IMPONER por bemoles, y sin negociación alguna, una cláusula abusiva en los nuevos contratos, que pretende que sean los trabajadores/as quienes carguen con la responsabilidad y el coste de las medidas de seguridad por el transporte de paquetería y el resto del correo en vehículos particulares, algo que entendemos es ilegal. El único interés real demostrado, es evitar la posible responsabilidad personal en caso de accidentes por la falta de seguridad de los vehículos y, en vez de buscar una solución negociada, se impone el coste de la seguridad a miles de trabajadores/as mileuristas, muchos de ellos en contratos eventuales precarios.

El supuesto “compromiso” del Sr. Serrano con el mundo rural, es una más de sus mentiras, demostrada en su falta de interés en mantener la financiación del Servicio Postal Universal, que ha pasado de los 180 millones de euros anuales que mantuvieron los anteriores Gobiernos, a la irrisoria cantidad de 128 millones (las OO.SS. pedimos 220 millones de euros) que parece fijarse a futuro sin mover un dedo para remediarlo, lo que está suponiendo -y a futuro supondrá más aún- reestructuraciones, supresión de servicios rurales y, por tanto, MÁS ESPAÑA VACIADA.

Para el Gobierno progresista que le nombró, no sabemos cómo quedará eso de vender en colorines en la prensa los compromisos sobre la RSC y la España vaciada -pagando con un dinero que se afirma no tener para otras cosas-, mientras se imponen en todo el Estado reestructuraciones de servicios rurales salvajes, recortando el servicio que se ofrece al ciudadano/a, manteniendo unas compensaciones económicas del siglo pasado, y cargando sobre la espalda de los trabajadores/as ilegalmente el coste de la seguridad en su trabajo. ¿Alguien entendería que ahora el personal sanitario se tuviera que pagar el coste de los equipos de seguridad por haber cambiado las condiciones de trabajo? Evidentemente no, pero en Correos, su presidente, Juan Manuel Serrano Quintana, no solo lo entiende, LO HACE. Una decisión, más que progresista, regresiva en dirección de un MODELO MENOS PÚBLICO y MÁS ORIENTADO AL NEGOCIO.

Sr. Serrano, los Rurales no son autónomos ni trabajadores/as de segunda clase a los que se pueda imponer unilateralmente obligaciones que nunca han existido. CCOO y UGT no van a permitir que en su galopante carrera mediática pisotee los derechos de miles de trabajadores/as, y que de paso desmantele premeditadamente un servicio público centenario en nombre de la modernidad. Sabemos que el mundo rural postal es complejo, y por eso el pasado 29 de mayo le enviamos una carta requiriendo una negociación urgente y seria para abordar sus problemas. La carta no ha sido contestada. Mientras Correos, con su presidente a la cabeza, venda humo y MANTIENE UNA DEUDA HISTÓRICA CON ESTE COLECTIVO, QUE DEBE PAGARSE YA.

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