FeSP-UGT ha solicitado a los ministros de Economía y Hacienda – Luis de Guindos y Cristóbal Montoro- que presten su apoyo en el proyecto de Directiva relativa a “la divulgación de información sobre el impuesto de la renta de determinadas empresas y sucursales”, en este momento en discusión en el Parlamento Europeo y en el Consejo de Europa.
Esta propuesta de la CE de 12 de abril de 2016 pretende reemplazar la opacidad tributaria empresarial actual con la transparencia pública con el fin de permitir a los ciudadanos evaluar las estrategias fiscales y la contribución al bienestar por parte de las multinacionales.
Julio Lacuerda, miembro de una coalición europea con ONGs para el desarrollo, encabezada por la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos (FSESP), ha solicitado por carta a los ministros que apoyen un sistema público global, amplio y comparable de información pública país por país (CBCR). Es esencial alcanzar el objetivo fijado por los líderes de la OCDE y de la UE de que, las empresas deben pagar impuestos donde generen beneficios y valor, y proporcionar el apoyo público necesario a las administraciones tributarias para que realicen su trabajo.
El CBCR público también desarrolla un papel fundamental con la responsabilidad social de las empresas. Los buenos empresarios pagan sus impuestos. La reciente ola de pérdida de puestos de trabajo en Europa muestra la estrecha relación entre la reestructuración empresarial y la agresiva planificación fiscal. El CBCR público proporcionará a los trabajadores y a sus representantes una imagen completa de la salud económica de su empresa para que puedan anticiparse y gestionar los cambios en un diálogo constructivo con la dirección. Estos derechos de información y consulta sobre la actividad económica de una empresa son una piedra angular del modelo social de la UE, consagrado en la Carta de los Derechos Fundamentales y el Derecho de la UE.
Sin embargo, tal y como está, la propuesta es demasiado restringida para ser eficaz y cumplir sus objetivos declarados; complica innecesariamente lo que debería ser un ejercicio sencillo de transparencia contable.
Para que los informes país por país sean públicos, globales, comparables y completos, el ámbito de aplicación de la Directiva debe ampliarse en tres ámbitos:
• Ámbito geográfico: la divulgación pública de los datos desglosados país por país debe aplicarse a cada nación y la jurisdicción de las operaciones de cada empresa, no sólo en la UE, sino también en una lista negra, aún no determinada, de paraísos fiscales.
• Límite de la empresa: el límite propuesto de 750 millones de euros de volumen de negocio consolidado es demasiado alto. Dejará de lado a la mayoría de las grandes multinacionales que todavía son capaces de participar en una planificación fiscal agresiva. También añade innecesariamente otra definición de gran empresa en el Derecho de la UE. Por lo tanto, es mejor atenerse a la definición actual de la UE de «grandes empresas», es decir, un umbral de 40 millones de euros de volumen de negocio anual, tal como se establece en la Directiva sobre contabilidad.
• Divulgación de datos: además de los puntos propuestos por la CE para su divulgación pública, se deben agregar ventas, activos, lista de filiales y subvenciones públicas. Esto permitiría al CBCR público ser un instrumento efectivo de evaluación del riesgo fiscal de las actividades de un grupo, debería estar destinado a proporcionar información sobre los casos de deslocalización fuera de la UE.
Ha llegado el momento de lograr una verdadera transparencia en el ámbito del impuesto de sociedades, al acordar en el Consejo las enmiendas de «prórroga» antes mencionadas, tal como solicitó el movimiento obrero europeo y varias ONGs como Oxfam y Transparencia Internacional.
