Unos 5.000 trabajadores atienden en la región a cerca de 18.000 usuarios con empleos por horas y un sueldo mensual de entre 300 y 400 euros
UGT inició hoy en Cantabria una campaña nacional “para dignificar” la profesión de la atención a la dependencia que recorrerá todas las comunidades autónomas del país, reivindicando un nuevo convenio colectivo de Dependencia, que no se actualiza desde diciembre de 2013, y que las administraciones públicas no liciten los servicios de la dependencia a empresas con presupuestos “temerarios y tan bajos que no llegan a cubrir siquiera los costes salariales de sus trabajadores”.
Según precisaron en una rueda de prensa la responsable estatal de Sanidad de UGT, Gracia Álvarez, y la secretaria del sector de la Dependencia del sindicato en Cantabria, Margarita Pelayo, que hoy participarán en Santander en una jornada técnica sobre el sector, unos 180.000 profesionales, un 90% de ellos mujeres, están adscritos al convenio colectivo estatal de Dependencia, que no ha sido renovado desde que expiró el último firmado en diciembre de 2013, pese a haberse celebrado 27 reuniones de negociación entre los sindicatos y las patronales.
Las sindicalistas precisaron que el principal problema para la firma del nuevo convenio colectivo es que “los empresarios pretenden exigir a los trabajadores la cualificación de geroculturas, si no quieren desempeñar funciones de limpiadoras para de esta forma ahorrarse precisamente la contratación de limpiadoras”.
“Es trabajar con menos sueldo sobre un salario de por sí muy bajo, algo que UGT no piensa admitir porque simplemente es una estrategia empresarial para reducir costes laborales, lo que para nosotros es una línea roja en la negociación”
En Cantabria hay censados en la Seguridad Social un total de 5.173 trabajadores en el sector, que atienden a cerca de 18.000 usuarios, unos 8.000 en el servicio de teleasistencia, 4.400 en residencias de 24 horas, algo más de 1.500 en los denominados centros de día y otros 4.000 en la ayuda a domicilio.
La mayor parte de estos trabajadores tienen contratos a tiempo parcial por horas y no porque lo deseen sino porque no se lo ofrecen a tiempo completo y su salario medio mensual oscila entre los 300 y los 400 euros, subrayaron las representantes de UGT, tras recordar que “el servicio a la dependencia lo realizan empresas privadas pero con dinero de las administraciones públicas a través de licitaciones públicas”.
Mejoras laborales y en la calidad del servicio
Tanto Álvarez como Pelayo precisaron que la campaña nacional emprendida por UGT en el sector de la dependencia “no sólo pretende dignificar y mejorar las precarias condiciones laborales y retributivas de los trabajadores, también mejorar el servicio prestado a las personas mayores, un sector de la población especialmente desprotegido”.
Según precisó la responsable estatal de Sanidad de UGT, “el gran problema de este sector es que hoy en día las administraciones públicas licitan el servicio a empresas con presupuestos muy bajos que no permiten cubrir los costes de personal estipulados en el propio convenio colectivo”.
“Las empresas firman el convenio colectivo pero luego se descuelgan de él (no cumplen sus disposiciones) porque el presupuesto es insuficiente, lo que genera todo tipo de conflictos laborales y una precariedad creciente”, agregó Álvarez, tras recalcar que “en un principio, cuando se implantó la Ley de Dependencia y se anunciaba mucho dinero público para desarrollarla, las empresas se volcaron en este sector pero desde los recortes de 2012 la situación ha cambiado por completo”.
“A las empresas no les da el presupuesto y, por desgracia, para obtener el beneficio deseado tiran de los costes laborales e incentivan la precariedad laboral en el sector”, añadió Gracia Álvarez, que criticó que “muchas de estas empresas no están especializadas en un servicio como la dependencia, no tienen ni sensibilidad ni preparación para ello”.
En este sentido, la responsable regional de Dependencia de UGT matizó que en Cantabria “la mayor parte de las empresas operan en el sector con presupuestos inferiores a los 13 euros por hora, lo que no da siquiera para cubrir los costes salariales (los salarios están congelados desde 2012)”.
“Sin ir más lejos, en Santander, donde unos 170 trabajadores atienden a más de 1.000 usuarios, la empresa adjudicataria opera con un presupuesto de 12,39 euros por hora, por lo que es simplemente imposible que cubran los costes salariales”, reiteró Pelayo, que destacó que “para solucionar todos estos problemas existe una cierta sensibilidad para ello del ICASS (Instituto Cántabro de Servicios Sociales) pero con los ayuntamientos no se da la misma situación”.
Reunión con el ICASS
De hecho, las dos representantes de UGT han participado hoy en una reunión con responsables del ICASS para analizar la situación laboral del sector de la dependencia en Cantabria, donde “en los últimos años han crecido exponencialmente las denuncias ante la Inspección de Trabajo y los juzgados de lo social por los incumplimiento del convenio colectivo”.
“El problema es que en el caso de la Inspección de Trabajo los expedientes se resuelven muy tarde, cuando muchas veces ya la empresa ni existe”, argumentó la secretaria de Dependencia de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT en Cantabria.
