Las altas temperaturas registradas en nuestro país durante las últimas semanas, y las previsiones de su continuación durante los meses de verano, son un factor dañino para la salud de colectivos especialmente vulnerables, como las personas mayores de 65 años o los niños en riesgo de pobreza. La Unión General de Trabajadores denuncia la insuficiencia del Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos del Exceso de Temperaturas sobre la Salud y reclama medidas específicas, como garantizar un suministro eléctrico básico a toda la población -que permita paliar los efectos del calor- mediante un bono social definido en base a los ingresos del hogar y el número de miembros de las familias vulnerables.

Con el exceso de calor las personas con rentas bajas se convierten en la población más vulnerable a los efectos dañinos que en la salud provocan las altas temperaturas. Su incapacidad económica para satisfacer una cantidad mínima de servicios de energía les imposibilita mantener el hogar a la temperatura adecuada. Las personas mayores de (ocho millones en nuestro país) se ven doblemente afectadas: por los bajos recursos económicos que afecta en mayor medida a la población mayor de 65 años, y por el estado de salud en el que la mayoría de las personas mayores se ven afectadas de forma más dramática e incluso peligrosa que el resto de la población, por no hablar de las condiciones de sus hogares.

Recordemos que el 27,9% de la población está en riesgo de pobreza o exclusión social, 3,2 puntos más que en 2009. La falta de recursos y de ayudas adecuadas, como el actual bono social, impide el acondicionamiento de miles de hogares y el consumo de un mínimo de energía en el hogar para poder desarrollar una vida digna.

La mayoría de los hogares de las personas mayores no están climatizados y las instalaciones de aire acondicionado están lejos de su alcance, ya que su principal fuente de ingresos, sus pensiones, en muchos casos no les permite ese desembolso económico.

Las medidas tomadas por el Gobierno, ante la alerta de altas temperatura, se limita, un año más, a activar el Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos del Exceso de Temperaturas sobre la Salud que, si bien consideramos necesario, no es suficiente. Son actuaciones puntuales que se centran fundamentalmente en proporcionar, a través de los medios de comunicación, recomendaciones generales para prevenir los efectos de la exposición a temperaturas elevadas.

Identificar las situaciones más vulnerables

Además, se contempla la posibilidad que los servicios sociales municipales identifiquen a las personas más vulnerables para activar recursos, como trasladar a las personas mayores desde su hogar a centros de día, residencias, etc. Medidas como estas lo único que hacen es «parchear» ya que, en primer lugar, no resuelve la inexistencia de una vivienda digna de nuestros mayores y les obliga a salir de su entorno familiar y social. Se utilizan recursos sociales para un fin para el que no fueron creados. Puede darse la circunstancia de que se cubran unas plazas que serían necesarias para el que realmente necesita los servicios de los profesionales que brindan los centros, que no es precisamente el cobijo o albergue ante una ola de calor, y además su cobertura es muy limitada ya que actualmente los centros de servicios sociales están repletos.

Para UGT estas actuaciones no son suficientes. Reivindicamos la implementación de medidas específicas para la prevención de los efectos negativos que el exceso de calor supone para la salud, especialmente donde vivan personas mayores y niños pequeños (ya que están considerados como los grupos de población más sensibles a los cambios de temperatura). Es el caso del establecimiento de ayudas económicas que cubran los costes totales en los casos más extremos, para la climatización, el aislamiento y acondicionamiento de los hogares; en definitiva para que, tal y como establece el art. 47 de nuestra Constitución Española, todos los españoles disfruten de una vivienda digna y adecuada, y que los poderes públicos cumplan con su responsabilidad de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho.

Igualmente, se debería garantizar el suministro básico de electricidad a toda la población que le permita protegerse del calor a través de un bono social, donde se defina a los consumidores vulnerables que serán los destinatarios del mismo, y basado en criterios de ingresos en el hogar y en el número de miembros de las familias.