Desde hace ya años, palabras utilizadas en ámbitos como la economía o las relaciones comerciales se han extendido a los derechos. Y con las palabras, la carga que estas conllevan. Un derecho lo será o no en función de su coste, incluido el derecho a solicitar asilo. Miramos al Mediterráneo, a las fronteras de la Unión, a Siria… y vemos cadáveres y personas desesperadas. Pedimos que acabe ya, que quienes tienen la responsabilidad de gobernarnos, hagan algo; no utilizamos una balanza en la que pesar pros y contras, no condicionamos, no pedimos ayuda, sino responsabilidad, dignidad y decencia. Pero esta es nuestra mirada. Las autoridades y los gobiernos observan el mismo panorama, pero en un platillo de la balanza colocaron cadáveres, crisis humanitaria, dolor, derecho y en el otro, un sinfín de “peros” y de condiciones: la situación económica, el desempleo, las relaciones políticas y comerciales con otros países, la mirada de reojo a otros estados -miembros, el “si yo hago esto, las consecuencias pueden ser…”, la proximidad de elecciones… Tanto han puesto en el otro plato de la balanza, que llevamos cuatro años de inacción. O mejor dicho, de ausencia de acciones decentes y de actuaciones que finalmente han colocado el lenguaje del beneficio económico (para algunos) por encima del derecho: externalización de las fronteras de la Unión Europea, llamar países seguros a estados de democracia más que dudosa o inexistente y refugio off-shore: “vayan ustedes, por favor, a solicitar asilo a otro lugar que no sea la Unión”. Todo ello acompañado de una retórica, la misma que en el caso de la inmigración, que se va dejando caer como una lluvia fina o como una tormenta en el caso de los partidos y gobiernos más descerebrados, xenófobos y fascistas, que identifica migración con terrorismo y delincuencia, que habla de invasión y fomenta un miedo que siempre termina en rechazo y violencia institucional, social o física. Hasta tal punto, que hay una parte de la sociedad, que, con su propia balanza y un platillo lleno de mentiras, demagogias y miedos, ya no ve ni muertos, ni crisis humanitaria, ni dolor, ni vulneración de derechos.
Si hablamos de refugio, hablamos de inmigración. Y, no lo olvidemos, esto nos incluye a nosotros, inmigrantes indeseados en otros estados miembros de la Unión. Hablamos de dinero; tendremos o no derechos, seremos bienvenidos o expulsados, en función de nuestra capacidad económica y de otros intereses que se anteponen al derecho. Lo que está pasando con la crisis humanitaria, nos parece cruel, pero no es una posición aislada sino la consecuencia de políticas que no se hacen para una sociedad en cohesión, sino en contra de la misma. De políticas que subordinan derechos fundamentales, sociales, laborales… a una política económica que no cree en lo público y que genera cada vez más desigualdad y exclusión; de políticas que nos han hecho pasar de ser ciudadanos y ciudadanas con derechos a usuarios, de defender la igualdad en todos los ámbitos como un derecho incuestionable, a hablar de “gestionar la diversidad” y a parcelar derechos por colectivos, individualizándolos “estos son los derechos unos y estos los de otros”, haciendo posible su eliminación poco a poco, porque, al fin y al cabo, “ si no son nuestros derechos, no nos afecta”. ¿Queremos que nos “gestionen” o queremos garantías de igualdad de trato y de oportunidades? ¿Queremos ser “usuarios y usuarias” o parte de una ciudadanía con derechos, atendida por empleados y empleadas públicas de servicios también públicos? ¿Qué sociedad queremos? Es preciso avanzar hacia una sociedad donde los derechos sean de todos y todas, que nos sintamos concernidos cuando se lamine o desaparezca un derecho, aunque nunca, por la razón que sea, vayamos a hacer uso del mismo; igual que es preciso una conciencia social de lo colectivo, de lo público, esta conciencia también ha de incluir los derechos. La alternativa ya la conocemos; como ejemplo, la crisis humanitaria, “la crisis de otros” y el derecho a solicitar asilo, también “un derecho de otros”; la respuesta de la Unión ha sido y es la de una democracia a tiempo parcial que recurre a la subcontratación: pagar a terceros estados para que asuman sus responsabilidades y permitir la vulneración del derecho fundamental a solicitar asilo dentro de la Unión. Se ha puesto precio al derecho de asilo, ¿cuál será el próximo?
Todo es lacerante en la forma en que las Administraciones europeas y nacionales han afrontado y siguen afrontando esta situación. Responsabilidad pública es tener en cuenta esa balanza de la que hablábamos, reflexionar, actuar con rigor, dar respuesta a lo urgente, con la mirada en el largo plazo y afrontando las causas de origen de una determinada situación, todo ello en un marco de políticas interrelacionadas y en equilibrio. Pero sobre todo, la responsabilidad pública implica no saltarse límites que son consustanciales a sociedades democráticas; hay derechos que jamás deben cuestionarse, por ninguna razón, y mucho menos, por el coste económico; el derecho a la vida o a solicitar asilo entre ellos. Sin embargo, a ambos, de forma directa o indirecta, se les ha puesto precio, se han devaluado y externalizado obligaciones porque han pesado más otros argumentos. Por otra parte, las autoridades públicas, europeas, a nivel nacional, y las territoriales en el caso de España, tienen también la obligación de no hacer demagogia con los refugiados, utilizándolos para sus propios intereses, sean estos cuales sean. Rigor y responsabilidad es el mínimo exigible. Responder a la urgencia, preparar el futuro, afrontar las causas, pero nunca cuestionar el derecho. La sociedad, organizada o no, los empleados y empleadas públicos de todos los estados miembros, desde quien saca a una persona del mar a quien tramita una solicitud de asilo, están comportándose con una responsabilidad pública, política y social que ojala mostrasen los gobiernos.
Ana Maria Corral Juan
Resp. Dpto de Migraciones UGT Confederal
