Julio Lacuerda, secretario general de FeSP-UGT, ha intervenido este jueves en en una mesa redonda  sobre las respuestas sindicales del futuro en la Escuela Internacional de Verano Manuel Fernández López «Lito» en Oviedo

En su reflexión sobre el futuro de los servicios públicos y las mejoras que deben realizarse en virtud del último Acuerdo, Julio Lacuerda ha señalado como impostergable la ejecución de las medidas previstas para la reducción de la temporalidad al 8%, y la creación de empleo público neto, por primera vez, desde 2009.

“Haya o no presupuestos- ha señalado- vamos a exigir el incremento salarial para el año 2020, que puede llegar al 3’85%, sumando todas las previsiones.

«Es necesario el pleno desarrollo, mediante la negociación colectiva, de la restitución de derechos: 35 hrs. semanales; percepción integra de salarios en situación de IT; formación para el empleo; movilidad interadministrativa para mujeres víctimas violencia de género».

Lacuerda ha señalado la importancia de ir poniendo los mimbres que complementen el referido Acuerdo con cuestiones imprescindibles que normalicen la negociación colectiva y avancen en la mejora de las condiciones de trabajo de los empleados y empleadas públicos, como hacer posible la jubilación parcial de los empleados públicos, eliminar la tasa de reposición de efectivos, vincular la jornada de 35 horas a la negociación colectiva, la creación de empleo y cobertura de los servicios a prestar, establecer medidas que impidan el abuso de la contratación temporal mediante el desarrollo de instrucciones al respecto. Y el pleno desarrollo de la carrera profesional, desbloqueando la formación para el empleo en las Administraciones Públicas son también objetivos clave.

Con carácter general hay que revisar el modelo de gasto público en nuestro país mediante:

• Una programación presupuestaria plurianual, que garantice el desarrollo de unos servicios públicos de manera continuada (intersectorial y territorialmente).
• Control de su correcta liquidación. Es importante aprobar los presupuestos, pero también controlar su ejecución.
• Una mayor homogeneidad entre el gasto social del Estado y el del resto de las Administraciones.
• Crecer sin desequilibrios presupuestarios con una política social financieramente sostenible.