“Al poder económico le molesta que los sindicatos aspiremos a una mayor distribución de la riqueza”

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Juan Antonio Gilabert (Cádiz, 1958) es afiliado a UGT desde 1976. Fue Secretario de Organización de la delegación local de Utrera de 1976 a 1978 y Secretario General de la antigua Federación de Seguros, Oficinas y Despachos de UGT-Sevilla. En 1986 fue elegido Secretario General de la FSP-UGT-Sevilla. Posteriormente ocupó el cargo de Secretario de Acción Sindical en la FSP-UGT Estatal (1996-2002), cargo que retoma tras ser refrendado por mayoría en el Primer Comité Ordinario tras el 9º Congreso.

El Gobierno ha anunciado que devolverá en la nómina de abril la mitad de la paga extra de 2012 a los funcionarios de la AGE y a los del ministerio de Justicia. Después de tener 4 años embargada la paga extra decide devolverla ahora, cuando está en el aire la posibilidad de que se repitan las elecciones…

La verdad es que el Gobierno de PP nunca ha tenido problemas a la hora de utilizar a los empleados y empleadas públicas como moneda de cambio. Además nunca han tenido una política clara para este colectivo excepto una: recortar. Recortarles derechos, recortarles salarios, recortarles la posibilidad de promoción, etcétera. Prueba de ello es que los servicios públicos cada vez están más deteriorados debido a la falta de inversión. Hay menos empleados públicos; hay muchos sectores donde ha habido recortes de personal y jubilaciones y no se han repuesto efectivos. Esta decisión del Gobierno en funciones en este preciso momento es -teniendo en cuenta además la cifra del déficit público- una medida electoralista más.

De todas formas, los empleados y empleadas de entidades locales aún no han visto saldada esta deuda…

La propia Defensora del Pueblo dijo en su momento que a todos los empleados públicos se les había quitado la paga extra y por tanto a todos los empleados públicos habría que devolvérsela a la vez. UGT lleva tiempo negociando y luchando para que esta devolución se haga en unos plazos determinados. Con el anuncio de esta medida el Gobierno desprecia una vez más a los representantes de los trabajadores. Lo normal hubiera sido convocar la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado y comunicarle a las organizaciones sindicales esta medida de primera mano.

Indudablemente ha sido una legislatura de retrocesos laborales en todos los sentidos. Pero el Gobierno del PP ha tratado también de limitar los derechos sindicales, como el derecho a la Huelga. Esto, visto desde una perspectiva histórica es gravísimo…

Efectivamente. Además del derecho a la Huelga, el Gobierno del PP ha recortado derechos que ya se tenían, como por ejemplo el número de delegados sindicales. El número de centros de trabajo también lo ha ido reduciendo para que sean cada vez menos los posibles representantes de los trabajadores… Pero a mí lo que me parece grave es que esto no es una consecuencia de una política concreta y puntual que afecta solamente a España bajo el Gobierno del PP, sino que se está produciendo a nivel global un afán por suprimir o minimizar la fuerza de los sindicatos de parte de la economía neoconservadora, testigo de aquel golpe de gracia que Margaret Thatcher asestara a los potentes sindicatos ingleses de los años 80. Hay una cosa que le molesta mucho a la derecha y al poder económico, y es que los sindicatos, a través de la Negociación Colectiva, tratemos de hacer efectiva una mayor distribución de la riqueza.

Uno de los puntos del programa de acción del 42 Congreso Confederal es el de intentar promover sanciones para erradicar las prácticas abusivas de las Mutuas. ¿Cómo actúan estas entidades en sentido negativo?

Recordemos que el día 28 de abril es el día Mundial de la Salud y Seguridad en el Trabajo y que la Federación de Servicios Públicos de UGT reclama más delegados de prevención en los centros de trabajo… Las Mutuas son unos organismos que curiosamente pagamos entre todos pero en muchas ocasiones no son más que entidades vigilantes, en sentido negativo, de la salud de los trabajadores y trabajadoras. Es decir, ejercen presión cuando alguien se accidenta o tiene un problema de salud importante. Los sindicatos tendríamos que tener frente a las Mutuas una posición común, volver a sentarnos con el Gobierno que salga de las urnas y con las patronales, porque a la Mutuas el PP les ha dado más competencia en materia de bajas laborales y su finalidad parece ser la de vigilar al trabajador, pero sin seguir ningún criterio o fórmula definida que pueda servirle de ayuda. Hay otro problema con las Mutuas, y es que no están controladas desde el punto de vista fiscal. En algunas ocasiones los directivos tienen sueldos escandalosos, y todas estas cuestiones tienen que volver a replantearse, como tantas otras cosas…

Otro de los puntos es el de revertir la última reforma de las administración local.  UGT está en contra de la supresión de ayuntamientos y diputaciones…

La reforma de la Administración Local forma parte de la misma estrategia de alejar la democracia y alejar los servicios públicos esenciales de la gente. Hasta tal punto que muchas veces competencias que son bien llevadas y de forma barata por las Diputaciones se quieren elevar a las Comunidades Autónomas o viceversa. Además, cualquier reforma de las Administraciones Locales tiene que estar respaldada por un consenso generalizado. Quitar competencias y servicios sociales a los ayuntamientos no hace sino alejar la democracia y centralizar cada vez más el poder. Y esto me parece negativo. Las Diputaciones son uno de los organismos públicos más baratos que existen en este país, que prestan un servicio indispensable a los pueblos pequeños.

UGT está negociando para recuperar la jornada de 35 horas, que era un derecho ya conquistado. ¿Cómo va la negociación?

Es difícil reconquistar un derecho perdido o suprimido. De todas formas hay algunas actitudes que nos parecen muy positivas, como la del Gobierno de Castilla la Mancha. También parecen ir por buen camino las negociaciones con el Ayuntamiento de Madrid. Es complicado, pero desde UGT esperamos que se imponga finalmente la lógica. Seguiremos luchando para que se vuelva a normalizar la jornada de 35 horas semanales en las Administraciones Públicas, que es una medida que, entre otras razones,  contribuye a repartir el trabajo que hay. También porque hay que afianzar el hecho de que conciliar la vida profesional con la personal y familiar es un derecho y un logro muy positivo y necesario.

El Gobierno ha anunciado un recorte de 2000 millones en el gasto público. Esto es grave, sabiendo como sabemos las cantidades a las que asciende, por ejemplo, el fraude fiscal en este país, que premia a los evasores con amnistías y castiga a la gente corriente con impuestos y recortes.

El nuevo Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, pone un ejemplo que me parece muy razonable: ¿Por qué no se le permite a la gente que tiene en torno a los 55 años un puente, una transición a su jubilación? Costaría lo mismo que muchas otras cosas menos importantes que se aprueban los viernes en los Consejos de Ministros. Con las crisis pasa siempre lo mismo: los recortes no son revertidos una vez superada esa situación de crisis. Al poder económico no le gusta destinar el dinero al bienestar de la mayoría de la gente. Existe en economía lo que se han denominado La doctrina del shock, un fenómeno bien conocido y estudiado. Este Gobierno no ha tenido inconveniente o bajar o subir impuestos o recortar derechos según se acerquen o no las elecciones, y esto es algo que quiero destacar: en España hace tiempo que no hay una política de Estado consensuada en muchos temas que son  fundamentales. No se puede tener a un país en una situación permanente de conflicto. El PP ha estado representando a los intereses de muy pocos. Las políticas del PP han sacado de la población activa a más de un millón de personas. Nuestra obligación es volver integrar a esas personas en el mercado laboral de este país.

¿Cuáles serán las líneas principales de la Acción Sindical de la Federación de UGT que integrará a todos los servicios públicos -incluso a los de gestión privada- después del Congreso del 10 de mayo?

Tenemos que recuperar los derechos perdidos en esta legislatura. Pedimos un Pacto Nacional por la Función Pública que incluya a las empresas privadas que prestan servicios públicos. Que la Negociación Colectiva vele por los intereses de los trabajadores y de la ciudadanía. Recuperar poder adquisitivo y promover mediante la acción sindical que corresponda  -movilizaciones, protestas etc- que se restituyan los derechos y se mejoren las condiciones de trabajo de todos y de todas.