2016 ha sido el año de la incertidumbre política y, paradójicamente, el del crecimiento económico. Un bloqueo político iniciado en las elecciones del 20-D, que supusieron una censura clara de la ciudadanía a las políticas de austeridad y recortes practicadas por el PP desde 2012 y que han condenado a la población española a la pobreza. Sin embargo, el crecimiento económico que se inició a finales de 2013 ha mantenido la tendencia durante 2016. Por ello, UGT reclama un cambio político cimentado en el diálogo social, que contenga medidas de recuperación de derechos y proporcione un reparto más equitativo de la riqueza para las personas. Un cambio que tenga en cuenta las perspectivas para el año 2017 y fomente un modelo de cohesión social y económica que nos permita fortalecer nuestro Estado de Bienestar.

El 26 de octubre del año 2015 se produjo la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales para el 20 de diciembre de 2015. Desde entonces, y hasta la investidura de Mariano Rajoy como Presidente del Gobierno, el 29 de octubre de 2016, España ha estado paralizada en cuanto a la gestión política, algo que, sin embargo, no ha afectado significativamente a la actividad económica, a la vista de los resultados de los índices de crecimiento del PIB.

El crecimiento económico que se inició en el cuarto trimestre del 2013 ha mantenido la tendencia durante todo el 2016. De esta forma ha quedado en evidencia que las causas que han propiciado esta tendencia positiva están mayoritariamente en factores externos a la acción del Gobierno de España y en coyunturas internacionales que nos han resultado favorables (como las situaciones de conflicto en las que se encuentran inmersos algunos de los grandes competidores turísticos de nuestro país, que han jugado a nuestro favor para cosechar un gran año para este sector, el bajo precio de los carburantes, etc.). También, a la luz de los hechos, han quedado en evidencia los intereses políticos subyacentes en los mensajes catastrofistas promovidos desde ámbitos empresariales y financieros sobre las negativas consecuencias de la parálisis (y de un posible cambio de signo en el Gobierno) para la creación de empleo y la inversión extranjera en nuestro país.

Pero el bloqueo político sí ha tenido otro tipo de consecuencias. Las elecciones del 20 de diciembre supusieron una censura clara de los ciudadanos al autoritarismo político y la regresión social practicados por el Gobierno del Partido Popular desde 2012, con su mayoría absoluta, y cuyas consecuencias en términos de justicia social, descapitalización colectiva, pobreza, y condiciones de vida son evidentes. Además, la incapacidad de las fuerzas progresistas para articular una mayoría parlamentaria que diera soporte a un Gobierno de cambio tuvo una doble consecuencia: defraudó las expectativas de los ciudadanos de cambio hacia un ciclo político diferente, y retrasó la puesta de políticas económicas y sociales destinadas a rescatar a las personas, algo que el crecimiento económico por sí solo no puede hacer.

Recortes sociales y económicos que vienen de atrás

La reforma laboral de febrero de 2012 ha tenido un papel central en esta afrenta a los trabajadores, porque ha impulsado la devaluación salarial y de las condiciones de trabajo. Un ejemplo claro es que la prevalencia de los convenios de empresa ha favorecido a las empresas multiservicios, y el trabajador que ganaba 1.200 euros contratado directamente ahora cobra 700 empleado por una empresa multiservicio, contratado a media jornada y trabajando la jornada completa como si fueran horas extras no retribuidas o, en el mejor de los casos, pagadas como si fueran ordinarias.

Solo el 5% de los contratos que se realizan son indefinidos a tiempo completo y nueve de cada diez contratos realizados cada mes son temporales, la inmensa mayoría de ellos (el 98%) son de obra y servicio y por circunstancias de la producción y uno de cada tres contratos dura menos de una semana. La tasa de temporalidad ya es del 25,7%, la segunda más alta de la Unión Europea. El 35% de los trabajadores en España, 5,5 millones de ocupados, cobran en promedio anual un sueldo inferior al salario mínimo interprofesional (SMI). Más de 3,6 millones de trabajadores salarios menores que la mitad del SMI, y 2,1 millones tienen sueldos cercanos al salario mínimo. Uno de cada 5 españoles está en el paro, la mitad de los desempleados son de larga duración, y uno de cada dos jóvenes no tiene trabajo. La mitad de los parados no tienen ningún tipo de cobertura social, 3,6 millones de asalariados viven con menos de 350 euros al mes, 700.000 españoles no tienen ningún tipo de ingresos, 1,5 millones de hogares tienen a todos sus miembros en paro, y uno de cada cuatro ciudadanos vive por debajo del umbral de la pobreza.

Entre 2009 y 2015 los Costes Laborales Unitarios (CLU) cayeron un 6,3% en España; eso quiere decir que en 2015 a un empresario le costaba un 6,3% menos que en 2009 producir una unidad de su producto. Ese coste se incrementó un 4,8% de media en la zona euro durante el mismo periodo. renta. De 2010 a 2015 la Remuneración de los Asalariados en la Renta Nacional cayó en 31.100 millones de euros, mientras que las rentas empresariales y de la propiedad aumentaron 7.100 millones. Un cuantioso trasvase de rentas de los trabajadores a las empresas. En las sociedades no financieras el incremento de los excedentes empresariales es más nítida y constante: de 2006 a 2015 ganaron 6,3 puntos de participación en el Valor Añadido Bruto (VAB) (de 36,5% al 42,9%) que es lo que perdieron las rentas salariales (que han pasado del 63,5% al 57,1%). España es el segundo país de Europa en el que más se han incrementado los trabajadores en riesgo de pobreza, después de Hungría, hasta situarse en el 13,1% del total de la población trabajadora mayor de 18 años.

A esto habría que añadir la depauperación del sistema sanitario público y la derivación de recursos al sector sanitario privado; la condena de inanición impuesta al sistema de dependencia y los miles de beneficiarios a los que se ha abandonado a su suerte. El asalto continuado al Fondo de Reserva de la Seguridad Social. La precarización de la enseñanza pública en todos sus niveles. La descapitalización y abandono de la innovación y la investigación. Y un largo etcétera.

Llamamiento sindical al cambio político

La actuación de las organizaciones sindicales mayoritarias durante este largo periodo de convocatorias electorales, Gobierno en funciones y desencuentros políticos, ha consistido en representar a los millones de trabajadores que han sufrido las consecuencias de la crisis y las políticas de ajuste, y articular –desde la unidad de acción- un sólido programa reivindicativo en el que comprometer a las fuerzas políticas. UGT y CCOO apelamos al cambio político, a la necesidad de restañas las heridas abiertas en el mercado laboral y en el tejido social de nuestro país, poniendo al servicio de ese objetivo la política económica y el diálogo social.

En los escasos dos meses transcurridos desde la toma de posesión del nuevo Gobierno, ha habido tiempo para escuchar nuevas promesas de diálogo social, y comprobar nuevamente que son falsas. Por ello, ambas organizaciones hemos puesto en marcha un proceso de movilizaciones con el fin de restablecer el diálogo social efectivo, no un simple formalismo informativo, y hacer efectivo un cambio de políticas que piensen más en las personas y sus derechos.

Consensos básicos que vayan más allá de una Legislatura y que recojan soluciones urgentes y eficaces a los problemas de la ciudadanía, implementando un nuevo contrato social para restituir los derechos sociales y laborales, todo ello bajo el necesario binomio negociación-movilización.

2017: el año de la recuperación de derechos

Un cambio político bajo el paraguas del diálogo social para un año 2017 plagado de incertidumbres, que sea inherente a los procesos congresuales internos que celebrarán las tres fuerzas políticas de nuestro país o la posibilidad de unas nuevas elecciones en mayo.

Un cambio que no haga repercutir sobre los trabajadores las consecuencias de las elecciones en Francia y Alemania, o las medidas que apruebe Trump en su primer año de Gobierno en EEUU, o las negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea para el Brexit.

Un cambio que tenga en cuenta las posibles perspectivas de ralentización de nuestra economía por el aumento del precio del petróleo o el cambio de la política monetaria con un incremento de los tipos en EEUU; que asegure los derechos de la población migrante y deje atrás la crisis de los refugiados; que combata, desde el consenso político a nivel europeo, el crecimiento de la xenofobia y la ultraderecha que emerge en algunos países de Europa…

El 2017 debe ser el año de la consolidación de los derechos de las personas, de la recuperación real para las familias en nuestro país (con un reparto más igualitario de la riqueza) y del fortalecimiento del diálogo social a todos los niveles para fomentar un modelo de cohesión económica y social que garantice nuestro Estado de Bienestar.

Debe ser el año del aumento de los salarios de entre el 1,8% y el 3% con el fin de fomentar el consumo y la inversión, el final de la política de moderación salarial, compensar la pérdida de poder adquisitivo que han sufrido los trabajadores por las políticas aplicadas desde 2010, reducir las desigualdades y los niveles de pobreza y fomentar la creación de empleo estable y con derechos. Si la economía está creciendo a ritmos del 3%, los salarios deben crecer.

Debe ser el año de la aprobación de un plan de choque por el empleo y la sostenibilidad social, que genere empleo de calidad y con derechos, que acabe ya con el uso fraudulento de los empleos temporales y precarios que están inundando nuestro mercado laboral, que recupere el contrato de relevo y la jubilación parcial para mayores de 60 años anteriores a su reforma que fomente la inclusión de los jóvenes en el mercado laboral, que cree un pasillo hacia la jubilación para los parados mayores de 55 años que actualmente están abocados a la expulsión del mercado de trabajo y a pensiones mínimas tras haber cotizado a la Seguridad Social durante toda su vida, que acabe con la brecha laboral y salarial de género y que acabe con la figura del trabajador pobre que se está consolidando con estas políticas.

Para UGT, 2017 debe traer consigo la revalorización de las pensiones públicas en un 1,2%, ya que el 0,25% aprobado por el Gobierno en Consejo de Ministros es totalmente insuficiente y condena a nuestros pensionistas a perder dinero un año más; la revalorización del SMI en el marco del diálogo social hasta los 800 euros en 2017 y al 60% del salario medio en cuatro años, no bajo acuerdos meramente políticos, a pesar de que la propuesta de 707,6 euros mensuales es positiva pero insuficiente; y la revalorización del IPREM, congelado desde 2010, para que recupere poder adquisitivo perdido, además de establecer un mecanismo de actualización automática que garantice el mantenimiento de su valor real a lo largo del tiempo para el cálculo de prestaciones sociales de las que se benefician precisamente colectivos económica y socialmente vulnerables.

Además, debe ser el año del fortalecimiento del Pacto de Toledo, con el fin de que todas las medidas que se implementen en materia de pensiones se realicen mediante el acuerdo y el consenso y se consiga garantizar el aumento del nivel de vida de los pensionistas y la viabilidad presente y futura del sistema público; y de la aprobación en el Parlamento de una prestación de ingresos mínimos que ayude a dos millones de personas en situación de vulnerabilidad a salir del umbral de la pobreza.

Y el año de la lucha decidida contra la violencia contra las mujeres, contra la brecha salarial y social, y en favor de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Sin olvidar a los refugiados que acuden a nuestras fronteras para pedir asilo. El Gobierno debe cumplir, al menos, con sus compromisos y acoger al número de refugiados a los que prometió dar cobijo.

El nuevo año debe ser el del pacto de Estado por la Educación, por la recuperación efectiva de la Ley de Dependencia, de la reactivación de los servicios y políticas sociales, y de la recuperación de la Sanidad universal.

Medidas incluidas, entre otras, en el documento «20 Actuaciones urgentes para el Progreso y el Bienestar Social» de UGT y CCOO que la mayoría de grupos parlamentarios se comprometió a asumir en esta nueva legislatura y que se deben hacer efectivas en el nuevo arco parlamentario con el fin de solucionar los problemas de las personas y asentar una recuperación que debe llegar de manera real a las familias de nuestro país.

La coyuntura política nos ha situado con un Gobierno sin mayoría parlamentaria, y una mayoría parlamentaria de signo progresista muy dividida, y nuestro trabajo será aprovechar todas las opciones que nos plantee esta situación para ir cambiando las cosas. Junto con CCOO, hemos publicado y publicitado un programa reivindicativo muy claro. Para la sostenibilidad del sistema público de pensiones; para la subida de los salarios; para la recuperación de los servicios públicos; para la creación de empleo; para recuperar los derechos y dignificar las condiciones laborales derogando la legislación que convierte a los trabajadores en mercancía de libre disposición.  En definitiva, para rescatar a las personas de ocho años de profunda crisis social y laboral. Y UGT no dudará en acudir a la movilización junto a la negociación para conseguirlo.