¿Casualidad?…. La Administración convoca los procesos selectivos para el personal funcionario de la Administración General del Estado

casualmente la Administración convoca procesos selectivos funcionario de la AGE

UGT acusa al Ejecutivo de manejar los tiempos para sacar rédito electoral y pide un Plan de Ordenación de Recursos Humanos en la AGE

La Administración ha publicado la convocatoria de los procesos selectivos para el ingreso a los cuerpos de la Administración General del Estado (AGE). Estos procesos cubrirán 2.867 plazas del total aprobado el pasado mes de marzo. 2.617 pertenecen al sistema general y 250 forman parte del cupo de reserva por discapacidad.

La Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT ha insistido en que esta oferta es claramente insuficiente, sobre todo cuando la AGE ha sufrido una disminución de su plantilla del 10,92% -25.639 empleos públicos perdidos- y ha pasado de 234.685 a 209.046 empleados públicos. Estos datos fueron publicados la semana pasada en  el Boletín Estadístico de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

UGT denuncia el uso desvergonzado que el Gobierno del Partido Popular hace de las Administraciones, al publicar estos procesos selectivos a escasos tres días de las elecciones generales del 26 de junio. El sindicato recuerda que no es la primera vez que el Gobierno conservador realiza este tipo de maniobras para tratar de ganarse el favor de los más de dos millones de empleados públicos del Estado. Con la vista puesta en el proceso electoral de diciembre, el Ejecutivo de Mariano Rajoy anunció en septiembre de 2015 la devolución de parte de la paga extra y los moscosos que ellos mismos suprimieron. El ingreso en nómina de la extra y las convocatorias de ofertas públicas de empleo también han coincidido con la proximidad de elecciones.

UGT ha emplazado al Gobierno, en numerosas ocasiones, a que comience a trabajar en un Plan de Ordenación de Recursos Humanos que rejuvenezca y redimensione las actuales plantillas de la AGE, con el objeto de garantizar la prestación de los servicios públicos que la ciudadanía demanda. Un plan que debe estar concebido para lograr una Administración General del Estado más eficiente  y no para sacar réditos electorales.