CHAPUZA EN EL CAP DE FUNCIONARIOS

El día 12 de noviembre, el Sr. Consejero de Presidencia, Ángel Mariano Ibáñez Hernández, en una reunión con los sindicatos mayoritarios en la Función Pública de Castilla y León, CSIF, UGT y CCOO ha informado de sus planes sobre como piensa resolver el CAP de funcionarios.

La solución de nuestro Consejero, ante una supuesta situación de “alta litigiosidad”, es publicar una Resolución definitiva del CAP el día 14.11.2019, adjudicando los puestos propuestos por la Comisión del Concurso pero difiriendo la eficacia de la adjudicación hasta que haya resolución judicial de Catálogo de Puestos Tipo y de las Relaciones de puestos de trabajo. La resolución en diferido es muy propia del PP, pero no esperábamos que fuese la solución para el CAP de los funcionarios de la Junta de Castilla y León.

¿Qué resolución judicial? ¿la del Catálogo o la de la RPT? ¿Hasta cuándo?, ¿ ¿Qué plazo van a tener que esperar los funcionarios de carrera para ver en sus nóminas esa adjudicación de puestos?

Esta acción incomprensible de la Consejería de Presidencia resuelve sus problemas, pero no la de sus funcionarios. Como siempre la Junta con esta acción condena a la Administración autonómica a la parálisis completa en materia de personal para 2 ó 3 años y vuelve a vulnerar el derecho de sus funcionarios de carrera a la carrera profesional.

Si con esta actuación ya se roza el sin sentido, además, adjudicarán sin nombre otras 269 plazas, que quedarán retenidas por verse afectadas por la ejecución de la sentencia de la CGT, que parece estar más a favor de la Junta que de los Funcionarios de carrera de la Administración. Ante esta situación se interpeló por parte de UGT que ¿qué ocurriría con estos 269 puestos y si al final se retiran del CAP?, ya que los funcionarios que los hubieran ganado en el Concurso se quedarían sin plaza y alguno de ellos podría tener mejor derecho para alguna de las 2431 plazas que hubieran sido asignadas en la Resolución, y no obtuvimos respuesta. Más inseguridad jurídica para todo este proceso.

UGT sigue defendiendo la postura que ha mantenido siempre y que se resumía en la última nota de prensa (enlace a la web): que la Administración cumpla con su obligación legal de emitir Resolución en plazo adjudicando de forma definitiva y efectiva los puestos de trabajo que les corresponden a los funcionarios de carrera que mejor derecho han acreditado.

Desde UGT hemos expuesto en la reunión celebrada que esta solución no aporta mayor seguridad jurídica, al contrario, no se tiene certeza del tiempo que va a quedar demorada esa adjudicación, con ello nos condena a la parálisis de la Administración. Lo que está claro que la Administración usa la semántica para ocultar que el aplazar la eficiencia de este adjudicación sin ningún plazo cierto, es simplemente una suspensión encubierta, para la que no existe base legal.

Con esta situación la Junta traslada su responsabilidad de decisión al Poder Judicial para que le haga un control de la legalidad de sus actos antes de aplicar su eficacia porque no se fía ni de ella misma. Igualmente la Junta vuelve incumplir el Acuerdo de legislatura 2015-2019 con el anterior gobierno de Herrera en el cual se indicaba que el Concurso Abierto y Permanente de Funcionarios se implantaría de forma efectiva en la Administración de Castilla y León.

Respecto a la negociación de un nuevo Catálogo de Puestos Tipo y de unas nuevas Relaciones de Puestos de Trabajo a la que hace alusión el Sr. Consejero ante la prensa, lo que se dijo por parte de la UGT, en la misma sintonía que el restos de sindicatos presentes, es que no nos apartamos de revisar estos instrumentos en materia de personal pero siempre y cuando se adjudiquen de forma efectiva dichos puestos, ya que de lo contrario estaríamos creando más incertidumbre y más inseguridad jurídica a una situación complicada por la falta de diligencia de la Administración.

Por último señalar que en esta reunión UGT ha dejado claro que la única solución es una resolución completa y de efecto inmediato del concurso y no esconderse en posibles decisiones judiciales.