Cláusulas suelo: Movilizaciones de los funcionarios de Mérida

Cláusulas suelo Movilizaciones funcionarios Mérida

Con el sorprendente acuerdo adoptado por la Comisión Permanente del CGPJ el pasado 25 de mayo, y publicado en el BOE el pasado 27 de mayo, parece que lo único que se pretende es desmotivar al ciudadano afectado por las cláusulas suelo y por otros contratos bancarios, pues este Acuerdo sólo generará colapso y caos provocando una respuesta muy lenta, y ya sabemos que una Justicia que no es ágil no es justicia.

A pesar de la reunión mantenida por el CGPJ, el Ministerio de Justicia y las CCAA con transferencias, el pasado 31 de mayo,  sabemos que no han establecido ningún plan de personal, medios materiales e incluso presupuesto para comenzar su camino.

El Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en esta materia se han comprometido a colaborar con el plan de urgencia aprobado por el Consejo General del Poder Judicial para hacer frente al previsible aumento de litigios en relación con las cláusulas suelo como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2016.

Sin embargo, los hechos dicen lo contrario pues a día de hoy la situación es caótica y de gran incertidumbre, pues el Ministerio no ha propuesto ningún plan de desarrollo y los juzgados designados en territorio ministerio y los funcionarios se encuentran indefensos y desconcertados por no tener información alguna ni comunicación oficial.

Desde UGT denunciamos que este Acuerdo del que el Ministerio de Justicia ha pasado totalmente, va a tener graves consecuencias sobre la salud laboral de los trabajadores de la Administración de Justicia. Además, al día de hoy, los funcionarios afectados no saben ni que tipo de carga de trabajo va a suponer esta designación, ni cuándo empezarán ni cuando terminarán con ella, ni tampoco se sabe porqué han sido designados estos órganos judiciales.

Por ello, desde UGT hemos pedido la convocatoria de Mesa Sectorial urgente para negociar las condiciones laborales de los funcionarios afectados, así como recibir información sobre los argumentos del CGPJ para designar a estos órganos judiciales y no a otros.

La opacidad y la falta de transparencia que rodea a este Acuerdo son escandalosas e inaceptables e incluso cambia el fuero del consumidor y contraviene una larga lista de normas y principios legales, constitucionales y de Derecho Europeo.

 Sin embargo, el Ministro de Justicia no quiere saber nada y no esperamos respuesta alguna al respecto, siendo él, el máximo responsable con la competencia para crear los órganos judiciales necesarios para implementar este Acuerdo del CGPJ y cumplir así un derecho constitucional como es el derecho a la tutela judicial efectiva. Cosa que ponemos en duda que se pueda cumplir con la designación de Jueces en prácticas que aún no han terminado la Escuela Judicial.

Desde UGT denunciamos que todos han sido abandonados a su suerte, tanto Jueces, como los demás Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia que se han visto afectados.

A día de hoy siguen sin saber nada de nada sobre el trabajo a realizar, los tiempos y la carga de trabajo que supondrá esta nueva competencia.