Convenio Único: Adscripción temporal a puestos vacantes en Defensa

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Desde esta Organización Sindical, llevamos solicitando, de forma reiterada a la Administración, que se traten en el Pleno de la Subcomisión, todas las instancias presentadas por los trabajadores/as, incluidas también las denegadas, para analizar la causa de su rechazo.

Desde UGT vemos con preocupación cómo se está produciendo un trato injusto y, posiblemente,   discriminatorio de unos trabajadores/as con respecto a otros.

Exigimos estudiar todos los expedientes de solicitudes de aplicación del artículo 32.4 en la Mesa del Pleno de la Subcomisión, lo que, por supuesto, no significa que se tengan que aprobar todos. Ello conllevaría la posibilidad de estudiar cada caso de una forma objetiva y de poder decidir en consecuencia, teniendo las mismas posibilidades todos los trabajadores y trabajadoras del Ministerio y no sólo los que la Administración considera que se deben tratar.UGT exige saber cuándo se van a pedir responsabilidades sobre este asunto. Se están incumpliendo las instrucciones sobre buenas prácticas para la gestión de las contrataciones de servicios y encomiendas de gestión a fin de evitar incurrir en supuestos de cesión ilegal de trabajadores, remitidas a ese Departamento Ministerial por el Secretario de Estado de Administraciones Públicas con fecha 28 de diciembre de 2012 que establece literalmente que “La inobservancia de esta Instrucción, cuando cause perjuicio grave a la Administración o a sus Organismos o Entidades vinculadas o dependientes dará lugar a la exigencia de las oportunas responsabilidades, disciplinarias de los empleados públicos infractores, de acuerdo con lo dispuesto en el Titulo VII de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el TREBEP o de acuerdo con la normativa específica que, en su caso, resulte de aplicación”.

UGT envía escrito registrado con fecha 14 de marzo de 2018 a la Directora General denunciando el procedimiento utilizado por la Administración para la financiación, toda vez que para ello se está utilizando una vacante ya existente, y por tanto presupuestada, con la consecuente desaparición de la misma, en lugar de proceder a la financiación desde presupuesto extraordinario del propio Departamento de Defensa. Entendemos que debe existir un capítulo presupuestario finalista para la ejecución de sentencias de este tipo.

No es admisible que, habiendo transcurrido tanto tiempo desde la entrada en vigor de la citada Instrucción, no se haya subsanado esta situación irregular y se haya llegado, una vez más, a tener que solucionarse tras una sentencia judicial condenatoria contra el Ministerio de Defensa. Otra vez, y ya van muchas, los perjudicados son los ciudadanos y los trabajadores del Ministerio que tendrán que soportar el coste de esta mala gestión de quienes tienen la responsabilidad y que son quienes nunca pagan las consecuencias de sus actos.

UGT exige que se depuren las responsabilidades correspondientes y que estos casos no sigan ocurriendo ni continúen mermando la masa salarial de los empleados públicos.

Ante estas repetidas irregularidades, UGT solicita información sobre la cuantía económica a la que asciende el coste de la financiación de todas estas plazas que son consecuencia de sentencias judiciales desde la entrada en vigor de la citada Instrucción de 28 de diciembre de 2012.