La Fiscalía de Bélgica solicitó información el pasado jueves al Gobierno español sobre la situación de las cárceles en nuestro país. Lo hizo ante la comparecencia ante un juez de Bruselas del expresidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, y de los otros cuatro exconsejeros huidos, sobre los que pesa una orden de detención internacional por no haber comparecido en la Audiencia Nacional por presuntos delitos de rebelión, sedición o malversación de caudales públicos.
Le interesaba conocer si España cumplía la Convención Europea de los Derechos Humanos, cuáles eran las dimensiones de las celdas y el número de personas que había en ellas, si hay acceso regular y suficiente a equipamientos de higiene o duchas, si se da comida suficiente a los presos, qué tal es el acceso a la asistencia médica o si existen en las cárceles españolas suficiente tiempo para la recreación u otras actividades similares.
