El pasado mes de septiembre tuvo lugar la aprobación del pacto de estado para la actuación contra la violencia de género. Con este acuerdo se proponen 213 medidas entre las que se encuentran algunas fundamentales como el que el acceso de las víctimas de violencia de género a los recursos no esté supeditada a la interposición de la denuncia de la víctima, mejorar el tratamiento del acoso sexual en el trabajo, estableciendo la obligación de implantar medidas y protocolos contra el acoso sexual y acoso por razón de sexo en las empresas y el papel de las comisiones de igualdad en los convenios colectivos.
Sin embargo, a pesar de que reconocemos la importancia de este acuerdo, no podemos dejar de señalar, que el pacto carece de un presupuesto y plazos para el cumplimiento de las medidas, lo cual lo convierte en un conjunto de intenciones. En este sentido debemos recordar que desde FeSP-UGT consideramos imprescindible dotar de recursos humanos y materiales a los sectores de la administración que están implicados directamente en la prevención, detección, acompañamiento en situaciones de violencia de género. Como hemos dicho en incontables ocasiones, algo está fallando cuando las mujeres que denuncian, y sus hijos e hijas, terminan siendo asesinadas o sufriendo la violencia. Y cuando las víctimas no se atreven a denunciar porque sienten que se ponen en peligro.
Cada vez que una mujer, o sus hijos e hijas, sufren el horror de la violencia y no encuentran el apoyo necesario para su protección, significa que hay algo que no está funcionando como debería, porque el Estado, a través de las administraciones tiene el deber de velar por la seguridad y los derechos de todas las personas. Desde la aprobación, en el año 2004 de la Ley Integral de violencia de género, se ha realizado un importante camino, sobre todo en lo referente a la concienciación sobre los derechos de las mujeres a no sufrir situaciones de violencia. Podemos decir, que una gran parte de la ciudadanía tiene información sobre lo que significa la violencia de género. Sin embargo, los recortes de la gestión realizados por el gobierno del Partido Popular han significado un retroceso presupuestario que tiene un coste directo en la protección de las víctimas.
Por otra parte, no quisiera eludir nuestra responsabilidad como empleadas y empleados públicos, y como representantes sindicales de las trabajadoras y los trabajadores. Porque tanto en un caso como en otros, nos corresponde actuar ante cualquier indicio de violencia de género. Tanto desde nuestros puestos de trabajos, en el ámbito, sanitario, educativo, de seguridad, judicial o en cualquier espacio laboral, debemos actuar ante el menor indicio de que una mujer está sufriendo violencia de género. Y por supuesto, debemos tener una actitud vigilante en los convenios colectivos y los planes de igualdad. Con el objetivo de promover la actuación tanto en el trabajo como en la negociación, lanzamos este 25 de noviembre la campaña ACABAR CON LA VIOLENCIA DE GÉNERO, NUESTRA RESPONSABILIDAD. Con la que intentamos concienciar que es fundamental que acabar con esta lacra social.
Julio Lacuerda Castelló, Secretario General de FeSP-UGT
Artículo incluido en el número siete de la karishina, la revista de Mujer y Políticas Sociales de FeSP-UGT
