Cuidar a las personas de nuestro entorno cercano, a nuestros padres, a nuestras madres, a quienes no tienen autonomía propia y con las que nos une un vínculo familiar o de amistad; cuidar de hijas e hijos y, a veces, también de su prole; cuidar, incluso a las familias de las parejas o a las amistades comunes. El verbo cuidar tiene multitud de complementos directos en nuestro idioma pero todavía casi siempre un solo sujeto: las mujeres. Ha sido así durante siglos y aún cuesta que los hombres se sumen a una tarea imprescindible para la supervivencia, una tarea que reporta beneficios para quien cuida y para quien es cuidado, pero que cuenta con una flaca consideración social porque cuidar es ‘lo natural’, es tan ‘normal’ que nadie le presta atención.

Así que la mayoría de las veces son mujeres quienes cuidan en la familia -ese ámbito denominado ‘informal’ aunque sea la estructura más formalizada del mundo- pero, y esto es más preocupante aún, también son mujeres las cuidadoras de profesión, las cuidadoras del ‘ámbito formal’.

Muchas de ellas están contratadas para atender necesidades de cuidado en el domicilio. Su salario ronda el mínimo y pueden trabajar por horas, por días, por noches, como internas, etc. O incluso, pueden estar en el mundo laxo de la economía informal o sumergida –llámenla cómo deseen que el efecto es el mismo: precariedad y reducción de derechos-.

 Y otro número, incluso mayor, son auxiliares de ayuda a domicilio o trabajadoras familiares, que ejercen su profesión en el marco de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, es decir, la ley de dependencia. La ayuda a domicilio es una de sus prestaciones y ellas están contratadas por empresas o entidades de iniciativa social que proveen a la Administración local de ese servicio.

En la actualidad, la ayuda a domicilio está destinada tanto a personas con bastante o total autonomía pero que necesitan acompañamiento para determinadas tareas (son sobre todo, usuarias de los servicios básicos), hasta personas con un índice de dependencia alto que deben, incluso, permanecer encamadas la mayor parte de su tiempo. La mayoría son personas solas y desean quedarse en su vivienda durante el tiempo que puedan.

El trabajo de las auxiliares de ayuda a domicilio es complejo. No son limpiadoras, sino cuidadoras con todo lo que ese concepto supone. Sin embargo, su imagen social está profundamente marcada por el desconocimiento y los prejuicios. Tampoco la Administración y las empresas valoran lo suficiente el papel que cumplen a pesar del acuerdo generalizado de que es imprescindible y de que ellas son excelentes trabajadoras. En la práctica, sus condiciones laborales son precarias en un modelo de organización del trabajo en el sector que se basa en las horas concedidas de prestación del servicio. De ese modo, en el sector hay, por una parte, un porcentaje importante de trabajadoras con contratos fijos, la mayoría con una jornada laboral a tiempo parcial; y, por otra, un porcentaje menor de contratos eventuales pero también a tiempo parcial. Y es que la tendencia general de las empresas que están presentando ofertas para realizar este servicio, es a aumentar tanto la eventualidad de los contratos como la reducción de horas de los mismos. El ideal para la organización del servicio por parte de sus gestores es de personas que trabajen de forma eventual y a tiempo parcial. Esta es una consecuencia del modelo de organización del trabajo en el sector que se basa en las horas concedidas de prestación del servicio. Los contratos de la Administración con las empresas adjudicatarias se computan en horas de servicio prestado y ese es también el criterio de las empresas (y de las Administraciones cuando lo gestionan directamente) para las contrataciones de sus empleadas y empleados. De este modo, el riesgo y ventura de las contrataciones se traspasa automáticamente a las contrataciones de personal en una lógica perversa que no se da en ningún otro ámbito laboral de cuidados.

Sólo con tres cuestiones se puede componer una idea aproximada de la situación laboral de estas trabajadoras: sus salarios rozan el salario mínimo interprofesional a pesar de que para ser auxiliares de ayuda a domicilio se les exige formación especializada; las auxiliares están asumiendo riesgos laborales en su trabajo para los que las empresas no tienen suficientes mecanismos de prevención, ellas no tienen suficiente formación y, en general, pueden provocarles –y les provocan- lesiones permanentes que, por otro lado, no se están considerando enfermedades laborales; y, por último, en el discurso mayoritario, el domicilio privado no está considerado lugar de trabajo y esto influye, entre otras cosas, en que las auxiliares se sientan desprotegidas en casos de abusos, maltrato e incluso agresiones que se producen en un porcentaje muy pequeño, pero se producen.

Desde todos los puntos de vista es necesario mejorar las condiciones laborales de las auxiliares y sólo parece posible en la medida en que mejoren las condiciones de los convenios laborales porque es un dominó: los convenios recogen salarios muy bajos, la licitación de la Administración se atiene a los costes del convenio y, como consecuencia, los precios ofertados por las empresas están sujetos a los salarios establecidos. En cualquier caso, es precisa una profunda reflexión sobre si la mejor alternativa es que los contratos de las auxiliares estén vinculados exclusivamente al número de horas que realizan en cada domicilio.

Quienes reciben el servicio tienen una buena opinión del mismo aunque expresan otras necesidades complementarias menos urgentes aunque imprescindibles para una vida digna en sus domicilios. Y es que, si bien el servicio de ayuda a domicilio es, de momento, el recurso disponible para los cuidados cuando aún no hay suficientes estrategias coordinadas con la iniciativa social o con alternativas residenciales, hay que tomar conciencia de que no puede ser la panacea para cubrir el conjunto de necesidades sentidas y expresadas en relación a la vejez, la discapacidad o la falta de autonomía por cualquier aspecto.

Tal vez, y por ahí habría que reflexionar y trabajar, una condición para un ajuste del modelo en general sea considerar que el sistema de dependencia ha de cubrir no sólo necesidades individuales y prácticas, sino avanzar estratégicamente hacia un reparto social de los cuidados. Aunque, de entrada, lo urgente es que mejoren las condiciones laborales de las personas que cubren este servicio: las mujeres cuidadoras profesionales.

Pepa Franco Rebollar

Este artículo está basado en la investigación realizada para la FESP de UGT por Pepa Franco Rebollar y Blanca Ruiz.

Artículo extraido de la Revista La Karishina nº 8