UGT valora las medidas tributarias aprobadas por el Consejo de Ministros (porque permiten aumentar la recaudación y no recaen sobre las clases medias y bajas) pero insuficientes. El sindicato reclama al Gobierno la constitución de una mesa de diálogo social para realizar una reforma fiscal integral.

Las medidas tributarias aprobadas hoy por el Consejo de Ministros son en conjunto positivas, puesto que ayudarán a aumentar la recaudación, algo imprescindible para poder cumplir con los compromisos europeos de déficit y para dotar adecuadamente las políticas públicas esenciales. Además, no afectan a los impuestos que recaen de manera más directa sobre los contribuyentes con rentas medias y bajas (IRPF e IVA). Sin embargo, resultan claramente insuficientes.

UGT comparte que la consolidación fiscal que debe afrontar nuestro país se realice básicamente a través del aumento de la recaudación tributaria, por una cuestión básica: España mantiene una presión fiscal global que es 6,9 puntos del PIB inferior a la media de la zona euro. Es decir, ingresa cada año unos 70.000 millones de euros menos que la media de los países de nuestro entorno, lo que determina la dimensión de nuestro Estado de bienestar y del conjunto de políticas públicas. Sin corregir este déficit de ingresos tributarios no es posible construir un país con el nivel de desarrollo económico y social como el que desean la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas.

En resumen, las medidas aprobadas hoy consisten en una reducción de algunas deducciones en el Impuesto sobre Sociedades, el aumento de los Impuestos Especiales sobre el alcohol y el tabaco, la creación de un nuevo impuesto sobre las bebidas azucaradas (refrescos) y la introducción de algunas medidas en materia de lucha contra el fraude.

La poda de deducciones en el Impuesto sobre Sociedades es una medida necesaria, puesto que en la actualidad las grandes empresas pagan un tipo impositivo por sus beneficios muy inferior al tipo nominal, mermando ingresos públicos que deben ser obtenidos a través de otras vías que castigan en especial al conjunto de los trabajadores y trabajadoras. Lo que no pagan las grandes corporaciones lo termina pagando la clase trabajadora, bien a través de aumentos de otros impuestos (IVA, IRPF, IBI), o bien a través del recorte de las políticas públicas que sustentan el estado de bienestar (sanidad, educación, pensiones, desempleo, protección social). Por eso es imprescindible que las empresas aporten más a la recaudación total. Con datos de 2014, el tipo efectivo sobre la base imponible pagado por estas grandes empresas fue del 19,2%, y sobre su resultado contable tan solo el 6,9%, cuando el tipo nominal en ese año fue del 30% (en 2015 fue del 28% y en 2016 del 25%).

Por su parte, el aumento de los Impuestos Especiales sobre el alcohol y el tabaco resulta, a juicio de UGT, una medida razonable en el contexto actual de escasez de ingresos, puesto que incide sobre bienes de consumo que implican efectos perjudiciales para la salud, y por tanto su mayor gravamen posee un efecto desincentivo con implicaciones positivas en esos términos.

Algo semejante es lo que pretende la creación de un nuevo impuesto sobre las bebidas azucaradas, que en principio podría tener un impacto positivo si consiguiera ayudar a reducir su consumo. Sin embargo, esta medida debería haberse llevado a cabo tras un análisis detallado sobre su impacto por estratos de población, porque puede tener un importante efecto regresivo, en la medida que hay estudios que indican que son las clases con menores rentas y menores niveles educativos las que consumen en mayor medida estos productos. Además, para que se produzca efectivamente la reducción de su consumo, este gravamen debe ir acompañado de otras medidas en otros ámbitos, incidiendo esencialmente en los estándares establecidos en su producción y en la promoción de hábitos de consumo más saludables, sobre todo en los hogares que ahora tienen menos posibilidades –económicas y educativas- de hacerlo.

Escasa repercusión

Por último, las medidas adoptadas en materia de lucha contra el fraude suponen complementos que resultan positivos, pero cuyo impacto será muy reducido, y que en consecuencia deberían formar parte de un paquete mucho más ambicioso.

Precisamente esta es la principal crítica que cabe hacer a las medidas tributarias aprobadas hoy: su escaso calado y la falta de inserción de las mismas en un conjunto de actuaciones de mayor dimensión. Siendo positivas en términos generales, su aportación global a la solución del problema de ingresos que soporta España es marginal. Como viene siendo habitual, el Gobierno del PP actúa en esta materia en base a ocurrencias y necesidades puntuales. Pero nuestro país lo que necesita es una reforma fiscal integral que revise la estructura y funcionamiento de todas las figuras impositivas de nuestro país, y que para ello cuente con la participación de los interlocutores sociales, de las CCAA y de las Corporaciones Locales.

No es coherente adoptar alguna medida puntual para aumentar los ingresos públicos (como las que se aprueban hoy, que se estima que pueden recaudar 8.000 millones) mientras, por ejemplo, se mantienen o aumentan las cuantiosas bonificaciones y deducciones a la contratación, que está demostrado que apenas tienen impacto favorable sobre la creación de empleo y que están costando 3.700 millones de euros en 2016.

UGT reivindica un sistema fiscal que recaude más y de manera más justa. Ello requiere, de un lado, de la persecución y afloración del fraude actual, la principal lacra de nuestro sistema, y de otro, de la redefinición de las estructuras de muchos impuestos y la creación de otros sobre bases nuevas. Es preciso reducir la carga impositiva de los asalariados y asalariadas y de las clases medias de nuestro país, y elevar la de otras fuentes de renta (capital, grandes empresas) e introducir nuevos hechos tributarios (grandes fortunas, transacciones financieras y especulativas, contaminación). En definitiva, es necesario hacer nuestro sistema más suficiente, más equitativo y más progresivo.