Una delegación de UGT ha sido recibida por miembros del grupo parlamentario socialista para abordar diversas cuestiones relativas a la realidad penitenciaria española. Desde UGT-prisiones hemos planteado la necesidad de concretar un protocolo contra la violencia en el ámbito penitenciario, o bien acordar la extensión del existente en el ámbito de la Administración General del Estado al colectivo de funcionarios y laborales de prisiones. De esta forma se ampararía a los trabajadores penitenciarios con una metodología para el análisis, registro y seguimiento de casos de violencia ejercida por la población reclusa contra los empleados públicos penitenciarios.

Hemos transmitido a los diputados socialistas que es necesario la adopción no sólo de medidas preventivas contra agresiones, amenazas, insultos, intimidaciones, coacciones, calumnias o injurias; sino también medidas de apoyo a las víctimas con atención sanitaria específica a través de la mutua correspondiente (considerando el hecho como accidente laboral), así como asistencia psicológica y apoyo jurídico al personal penitenciario agredido a través de los servicios jurídicos del Estado y de la contratación de un seguro de garantía ante terceros por daños y perjuicios.

Por otro lado UGT-prisiones manifiesta el compromiso de nuestro sindicato con los servicios públicos y nuestra oposición a la privatización de la seguridad exterior de los establecimientos penitenciarios.

Por último, UGT-prisiones insiste a los diputados socialistas a que pregunten al Gobierno en el Parlamento por el motivo por el cual la Administración Penitenciaria no convoca un concurso de traslados de funcionarios de los Cuerpos de Ayudantes y Especial de II.PP. La Secretaría General de II.PP. conculca sistemáticamente el derecho a la carrera administrativa y promoción profesional de sus empleados, sin respetar lo preceptuado en el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015.