El Sector de Enseñanza de FeSP-UGT ha instado al Ministerio de Educación y Formación Profesional a afrontar con celeridad la negociación de un nuevo real decreto de Conciertos Educativos. La norma que los regula (Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre) ha demostrado su eficacia durante este tiempo, pero no ha evolucionado con el transcurso de los años. Por ello, casi 35 años después, FeSP-UGT considera que el Real Decreto debe ser objeto de un estudio detallado para evaluar qué aspectos necesitan actualizarse.
Además de ordenar la regulación básica de la red concertada como parte del sistema educativo, el real decreto determinó también cuestiones fundamentales que trascienden al plano laboral en un sector profesional que, en la actualidad, consta aproximadamente de 150.000 trabajadores.
UGT participó activamente en la consecución de los principales logros laborales para los trabajadores del sector, logros hoy aplaudidos y asentados, como, por ejemplo, el pago delegado del personal docente. Nuestra organización fue clave en los principales avances laborales, que a día de hoy siguen constituyendo la regulación básica de las condiciones de trabajo de la red concertada.
Pese a ello, el Real Decreto de 1985 no ha evolucionado para adaptarse a las necesidades actuales. Curso a curso, se detectan lagunas interpretativas y aspectos no regulados o recogidos inicialmente para circunstancias propias de los años 80 del pasado siglo y que hoy necesitan de nuevas respuestas.
FeSP-UGT ha trasladado esta consideración al secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, en el transcurso de una reunión mantenida en el día de ayer. En el encuentro, la secretaria del Sector de Enseñanza de FeSP-UGT, Maribel Loranca, y el responsable del Sindicato de Privada, Jesús Gualix, subrayaron la conveniencia de llevar a cabo un estudio riguroso del real decreto para comprobar su operatividad y llevar a cabo las modificaciones pertinentes.
En un encuentro hoy con los medios de comunicación, el secretario general de FeSP-UGT, Julio Lacuerda, ha recordado que el sector de la Enseñanza Concertada ocupa a casi 150.000 trabajadores, de ellos alrededor de 120.000 docentes, y que la presencia de la Enseñanza Concertada en el sistema educativo español es “estructural e irreversible”. “No queremos ni más ni menos concertada, sino una concertada mejor”, ha añadido.
Maribel Loranca, secretaria de Enseñanza de FeSP-UGT, ha recordado el papel protagonista que tuvo el sindicato en el diseño y negociación de la norma vigente y ha ahondado en la necesidad de que el Ministerio de Educación se siente a negociar un nuevo real decreto.
Por su parte, Jesús Gualix, responsable de Enseñanza Privada del sindicato, ha considerado que es el momento de retomar este asunto para poder dejar diseñada la red concertada de los próximos 20 años. Ha calculado en 60.000 el número de profesores que hacen falta para poder ofrecer la docencia en óptimas condiciones en la enseñanza concertada y ha criticado el hecho de que el contrato de relevo aprobado recientemente por el Gobierno se circunscriba únicamente a trabajadores del sector industrial, cuando es también una necesidad del ámbito de la docencia.
El sindicato reclama al Ministerio la máxima diligencia para que se pueda negociar de manera prioritaria y culminar un nueva norma. El último intento se remonta a los años 2010 y 2011, cuando la propuesta llegó hasta al Consejo de Estado, sin que fuera posible entonces finalizar el proceso.
Entre los asuntos que figuran en el documento entregado ayer al secretario de Estado de Educación figura, en primer lugar, la creación de la Mesa establecida en la Disposición Adicional vigésimo novena de la LOE, compuesta por las organizaciones empresariales y sindicales, que debe estudiar los módulos de conciertos para valorar el coste total de la impartición de la enseñanza en condiciones de gratuidad. Los trabajos de la Mesa deben formar parte del articulado de ese nuevo Real Decreto con el único objetivo de garantizar unos módulos ajustados para tal fin y que sean revisables en función de criterios objetivos.
FeSP-UGT considera también imprescindible poder garantizar que las plantillas sean las adecuadas en todos los centros educativos para poder impartir el currículo educativo, así como que la jornada lectiva del profesorado quede fijada en un máximo de 20 periodos en Educación Infantil y Primaria y de 18 en el resto de enseñanzas.
Además de fijar la cobertura total desde el primer día en las bajas médicas, el nuevo Real Decreto debe regular mediante pago delegado el abono de los salarios para la totalidad de trabajadores del sector, incluido el Personal de Administración y Servicios (PAS) y el personal complementario, así como del resto del personal de los centros educativos regulados por los convenios colectivos de enseñanza privada sostenidas con fondos públicos: Concertada, Educación Especial y Educación Infantil.
Del mismo modo, debe garantizar que, tras el proceso de convocatoria y negociación de las Mesas Sectoriales Autonómicas, y por acuerdo entre las organizaciones representativas en el ámbito autonómico, se asegure la estabilidad de las unidades concertadas y se incorporen garantías de que, en ningún caso, haya pérdidas de empleo como consecuencia de la hipotética situación de cierre de centros o unidades concertadas.
FeSP-UGT espera que el Ministerio sea receptivo a estas propuestas y dé los pasos necesarios que conduzcan a la aprobación de un nuevo y necesario Real Decreto de Conciertos Educativos.
