Galicia ha sido la primera comunidad en aprobar la obligatoriedad de la vacunación. Una ley que cuenta con el rechazo de los grupos de la oposición (BNG y PSOE) y con el del Gobierno central, que desde hace un tiempo defiende la voluntariedad de las vacunas y reconoce que esta norma podría suponer una limitación de derechos fundamentales. Noticia completa en el periódico digital Público (ver). 

¿Se puede obligar a una persona a vacunarse contra la covid-19?

En opinión del catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela, Carlos Ruiz Miguel, la medida no tiene un encaje legal «porque afecta a un derecho fundamental de libertad personal e incluso a la integridad física, recogida en el artículo 15 de la Constitución».

Añade que sólo puede limitarse mediante una ley orgánica dictada por las Cortes Generales, nunca por un Parlamento autonómico pues «Las comunidades autónomas pueden aplicar disposiciones dentro de esa ley orgánica pero no pueden crear la norma habilitante».

Desde un punto de vista material, si esta ley la hicieran las Cortes Generales «también sería contrario al artículo 17 de la Constitución, toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad».

La norma, además, debe interpretarse de acuerdo con los convenios internacionales de los derechos humanos ratificados por España a las aplicaciones de la biología y medicina. “Este convenio establece que una intervención en el ámbito de la sanidad sólo podrá realizarse después de que la persona afectada haya dado su libre consentimiento», valora el profesor.

La legislación protege el derecho de la ciudadanía a elegir

Hasta ahora, el Gobierno mantiene la postura voluntaria de la vacunación y apela a la responsabilidad de la población. Si el Ejecutivo cambiara de postura, tendría que recoger dicha obligatoriedad en una ley.

Para algunos juristas, después de esto se van a abrir otros interrogantes con los que no han contado y abogan por que la decisión vaya de la mano de la mano de lo que se diga a nivel nacional.

«Lo ideal sería de que quedara expuesto de forma clara en el sentido de que sea una decisión del Parlamento del Estado y no de cada autonomía. Se podía haber adaptado el estado alarma o una ley sobre la seguridad pública con respecto a esta pandemia».

Un dilema bastante complicado

Para el abogado de la asociación de Defensor del Paciente, Carlos Sardinero es un «dilema bastante complicado porque por un lado se trata de respetar la libertad y por otro optar por la seguridad, pero se tiene que hacer de una forma proporcionada».

Hay precedentes de decisiones judiciales en los que se ha obligado a personas a vacunarse a nivel autonómico. Tras un brote de sarampión en Granada en el año 2010, un juez ordenó la vacunación forzosa de 35 niños contra el sarampión.

Sin embargo, a nivel internacional admite que la mayoría de los países han optado por la voluntariedad en la vacuna.