Informe sobre el anteproyecto de los PGE en materia de igualdad

informe anteproyecto pge igualdad

La previsión de los presupuestos generales del Estado en materia de igualdad de género para el 2016, sigue siendo un reflejo del postrero lugar que ocupa entre los intereses de este Gobierno el mantenimiento y logro de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. En el periodo 2012-2016 la cifra global del recorte presupuestario en materia de igualdad de género ha sido de casi un 21%, alcanzando un porcentaje cercano al 48% respecto de los presupuestos de 2009. 

El presupuesto asignado al programa 232B sobre Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres vuelve a experimentar un nuevo recorte. Esta partida, que asciende para 2016 a 19.741.840 €, es un 5,22% inferior a la prevista en el 2015, que fue de 20.829.240€. Desde 2011 el Gobierno ha ido reduciendo esta asignación, alcanzando ya un recorte de un 36,7% respecto del presupuesto de ese año, cuya cuantía era de 31.160.020€. Del total del presupuesto para este programa, un 42,83% está destinado a gastos de personal y gastos corrientes (suministros, arrendamientos, atenciones protocolarias y representativas, etc.), un 22% a transferencias corrientes, en su mayoría subvenciones a entidades privadas y el resto a inversiones, transferencias de capital y activos financieros. 

Tan sólo el 1,14% del total del presupuesto se dedica a transferencias a CC.AA. y entidades locales para la promoción de igualdad de oportunidades y la inserción socio-laboral de mujeres en Ceuta y Melilla y programas de formación y fomento del empleo femenino, y la partida destinada al programa de mejora de las condiciones laborales y reducción de las desigualdades retributivas de género, sólo alcanza el 1,77% del total presupuestado.

El importe de estas dos partidas sorprende por la nimiedad y limitación de las mismas frente al resto de la distribución del presupuesto, en un momento como el actual en el que durante la actual legislatura 2012-2015, la brecha en el desempleo de las mujeres se ha triplicado, la brecha salarial se ha disparado situándose en el 24%, casi el 47% de las trabajadoras perciben salarios por debajo de los 15.000 €, la precariedad en el empleo femenino ha aumentado estrepitosamente, la contratación de mujeres a tiempo parcial ha crecido notablemente superando ya el 73% del total de este tipo de contratación, y han aumentado las dificultades conciliación de la vida familiar y laboral como resultado de las medidas de recorte del gasto público y la ausencia de políticas de fomento de la corresponsabilidad entre la que se encuentra la paralización de la entrada en vigor de la ampliación del permiso de paternidad, que estos presupuestos vuelven a posponer tras seis años de aplazamientos.

Como novedad, estos Presupuestos incluyen una modificación legal del EBEP que contempla la posibilidad de que las Administraciones Públicas establezcan un permiso retribuido para las funcionarias en estado de gestación a partir de día 1º de la semana 37 de embarazo, hasta el parto, posibilidad que será directamente aplicable en el ámbito de la AGE desde la aprobación de los presupuestos. Con dicha medida, aparentemente novedosa, realmente no se crea un permiso nuevo sino que supone una ampliación del permiso de maternidad, puesto que las mujeres en estado de gestación ya tienen la posibilidad de tomar el permiso de maternidad existente hasta 10 semanas antes del parto.

En la adopción de dicha medida no se está teniendo en cuenta que un alargamiento del permiso de maternidad para la madre en exclusiva lo que hace es fomentar su retirada del puesto de trabajo y la atribución de roles que adjudican el cuidado de los hijos y la familia como un trabajo propio, exclusivo y gratuito de las mujeres si no se acompaña de otras medidas que estén dirigidas a fomentar la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en las responsabilidades familiares y de la administración pública, como la ampliación del permiso de paternidad para empleados públicos, o la insuficiencia de escuelas infantiles de 0 a 3 años tras los recortes del gasto público que sigue sin remediarse en los presupuestos para el 2016, pese a que la partida presupuestaria correspondiente a educación infantil y primaria ha experimentado el ligerísimo incremento del 1,7% respecto de los presupuestos de 2015, pero muy alejada de los niveles existentes en 2010. Además, esta medida, puramente electoralista y de escaso calado por otra parte, puesto que no se ha previsto para el ámbito privado, creando así una importante diferencia entre las trabajadoras del sector público y del sector privado, no precisa si dicho permiso será retribuido al 100% o simplemente tendrá una retribución equivalente a la que se percibe en una baja por IT, que es en la práctica la que se suele utilizar en la Administración Pública para retirarse del puesto de trabajo en las semanas previas al parto.

En cuanto a la asignación presupuestaria destinada a actuaciones para la prevención integral de la violencia de género en 2016, que se recoge en el programa 232C, la reducción presupuestaria experimentada desde 2011 es de un 16,9%, pese al importante número de mujeres que siguen siendo víctimas de violencia de género (se calcula que aproximadamente el 10% de la población femenina sufre violencia de género en España, en 2014 se incrementaron las denuncias por este delito un 1,5% respecto del año anterior, y no se puede olvidar el resultado más atroz, inconcebible e inadmisible de la violencia de género que tiene reflejo en los asesinatos de las mujeres y que en este mismo año, a mediados de agosto ya ascendía a 26). La asignación de 25.228.180€ prevista para combatir esta lacra resulta claramente insuficiente.

Asombra además que estos presupuestos hayan desoído por completo las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas del pasado julio de este año, que aconsejaban al Gobierno español hacer esfuerzos especiales para respetar los derechos de las mujeres, sostener y ampliar la inversión y la protección social y más específicamente, el restablecimiento del suprimido Ministerio de Igualdad en 2010 y el aumento de los recursos del Instituto de la Mujer para un enfoque reforzado de los derechos de las mujeres, con el fin de paliar los efectos negativos que las medidas de austeridad tienen para las mujeres, evitando medidas regresivas en la igualdad de género.