Desde la UGT hemos remitido un escrito de queja a la Directora General de Función Pública en relación con el proyecto de «repertorio de Puestos de Trabajo» en los siguientes términos:

1º.- La UGT no entiende por qué la Junta de Castilla y León debe externalizar (privatizar, más bien) la confección de un «repertorio» de puestos de trabajo, que lo que va a hacer es realizar un listado de puestos de la Administración Autonómica, qué características tienen dichos puestos y cuál son las funciones de cada uno de ellos, gastándose un dinero de los contribuyentes, cuando es la propia Junta la que mejor conoce qué personal tiene a su cargo y cuáles son sus funciones.

2º.- En segundo lugar consideramos que reunirnos, a los representantes de los trabajadores, con 48 horas de antelación a que se comience la realización de las encuestas a los funcionarios públicos sin un previo aviso a los mismos (ni a nadie) del envío masivo de dicha encuesta podía suponer, (como así ha sido) un fiasco absoluto en cuanto a la realización del mismo.

3º.- Planteamos, así mismo, las dudas jurídicas correspondientes en cuando a la obligatoriedad de la realización y remisión de dichas encuesta (hasta ese momento absolutamente secretas) y en cuanto a la posible vulneración de la Ley de Protección de Datos Personales. Por ello solicitamos la intervención de las Centrales Sindicales más representativas en todas las fases de este proyecto a fin de velar por los derechos de los trabajadores.

4º.- Lo mismo planteamos sobre el resto de las fases previstas: entrevistas grupales y entrevistas personales a los funcionarios: es preciso la intervención sindical y es necesario que se explique cuál es el grado de participación en todo esto de los funcionarios públicos y cuáles van a ser las consecuencias de su participación o de su negativa a participar en dicha encuesta realizada, recordemos, por una empresa privada.

En resumen, solicitamos la retirada de este proyecto y su asunción por parte de la propia administración (con una correcta negociación con los representantes de los empleados públicos) a fin de evitar su dudosa legalidad y por todos los problemas añadidos que conllevan y la falta de información sobre las consecuencias para los empleados públicos.