En la rueda de prensa del día 13, desde la FeSP-UGT hemos denunciado la política continuista del operativo público de incendios por parte de la Junta de Castilla y León y que supone cronificar la precariedad en el empleo público y el agravamiento de las diferencias con respecto a los operativos de otras CCAA.
La campaña del año pasado, terminó con una concentración de trabajadores, convocada por UGT, el 9 de octubre para pedir el cumplimiento del Acuerdo de mejora para el personal fijo discontinuo en el año 2019 y mejora de las condiciones de trabajo. Y este año, el personal de la campaña ha empezado con un mayor grado de incumplimiento que el año pasado.
La primera denuncia es la brevedad temporal de la época de peligro alto de incendios forestales, que sigue anclada en centrarse solo en los meses de julio, agosto y septiembre. Seguimos manteniendo nuestra reclamación de que abarque el periodo comprendido entr el 15 de junio al 15 de octubre.
La segunda denuncia es la precariedad creciente del empleo público para el personal implicado en el operativo de incendios. Precariedad que alcanza también a los empleados públicos (agentes medioambientales y celadores) para los que no existe convocatoria de Empleo Público. Es llamativo que el Consejero de Fomento y Medioambiente, señale como uno de los logros para esta campaña la contratación de personal interino, en un número tal que no cubrirá la reducción de efectivos que tendrá lugar en el año. Cada vez, tenemos un número mayor de empleados públicos del operativo de prevención y extinción de incendios en situaciones de precariedad laboral.
Pero esta situación se agrava hasta los extremos en caso del personal fijo-discontinuo. A su precariedad estructural (son puestos, por definición, de duración menor a 12 meses), se añade el abandono por parte de la Consejería de las pocas medidas de mejora de su situación laboral.
La primera: el incumplimiento del Acuerdo de mejora firmado en el año 2018, para los años 2018 a 2020. Un Acuerdo que para UGT tenía que ser el inicio de un proceso de modernización y adaptación del operativo a la nueva realidad de cambio climático.El año pasado, se incumplió por la Junta que desvió el medio millón de euros que correspondía a las empresas privadas. Pero en el 2020, se va a repetir la jugada y se desviarán un total de 600.000 euros. En 2020, el incumplimiento es aun mayor, pues pasado más de medio año, aun no se ha convocado ni la primera mesa técnica para adaptar la las relaciones de puesto de trabajo a las nuevas duraciones, que deberían ser efectivas a 1 de enero de 2020.

En la práctica, el incumplimiento de este año, que afecta a las autobombas de las provincias (relacionadas por orden de impacto económico: de mayor perdida a menor) de Burgos, Soria, Palencia, Segovia, Valladolid, Ávila y Salamanca; ha supuesto perder 95 meses de trabajo en labores de prevención de incendios y una perdida salarial del 50%, con respecto a lo pactado. Además, habría que añadir la ampliación a 4 meses, mínimo, de servicio de las torretas de vigilancia; que afecta, en distinto grado, a las 9 provincias.
El balance final, después de estos 3 años será que se agrava la situación comparativa del operativo con respecto a otras CCAA; pues la mayoría de las ellas (muchas gobernadas por gobiernos del PP) han firmado acuerdos de mejora mucho más ambiciosos que el firmado y permanentemente incumplido, en Castilla y León.
En el resto de reclamaciones pendientes, tampoco se han producido avances sustanciales. En concreto nos referimos a la lentitud en la cobertura de sustituciones del personal, a los problemas para el acceso de las torretas, la falta de duchas y taquillas para el personal del operativo, el que se sigan sin lavar los monos ignífugos por parte de la Junta, a pesar de la obligación fijada por la Inspección de Trabajo; la falta de formación real de estos trabajadores por

parte del ECLAP por meros problemas de gestión interna o no aprovechar todas las opciones de trabajo recogidas en el convenio colectivo. En ninguna de estas materias se han producido mejoras y que demuestran la falta absoluta de voluntad aplicar criterios de mejora continua por parte de esta Administración.
A futuro, seguimos proponiendo una revisión completa de las líneas generales en la política de prevención de incendios, con contratos de calidad para el personal público que sirvan de motor para el asentamiento de población en las zonas rurales. Para ello, solicitamos a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, hace más de un mes la apertura de una Mesa específica para seguir avanzando en la mejora del operativo, con especial incidencia en el personal fijo-discontinuo del mismo.
En el corto plazo, presentamos demanda por incumplimiento del Acuerdo actual en el año 2019 y 2020. Con el fin de intentar la recuperación del tiempo perdido por la inacción de la Administración. Si no hay cambios de última hora, la vista tendrá lugar el día 21 de julio.
Y si no hay cambio radical, plantearemos la realización de movilizaciones dentro del colectivo.

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