La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de UGT (FeSP-UGT) ha celebrado su Comité Constituyente, máximo órgano entre congresos. Se cierra así el proceso iniciado el pasado mayo de integración en una sola Federación a la antigua FSP (Federación de Servicios Públicos) y a la FETE (Federación de Trabajadores de la Enseñanza). Julio Lacuerda, secretario general de esta Federación, ha afirmado que “debemos felicitarnos por el trabajo realizado en estos meses pero también seguir trabajando para que el proyecto que tenemos que abordar durante este mandato se concrete en un plazo razonable”.
En su intervención en este Comité, Lacuerda ha tenido palabras de agradecimiento a la Secretaría de local y autonómica y al responsable del Sindicato de Policía por el avance realizado en las negociaciones que van a hacer posible que casi 90.000 policías locales de nuestro país se jubilen a los 59 años sin pérdida de poder adquisitivo, “una antigua reivindicación de nuestra federación que al fin va a ver la luz en un plazo breve de tiempo”.
Julio Lacuerda ha hecho un balance de la situación actual, con un Gobierno del PP que ha perdido su mayoría absoluta, y ha hecho hincapié en la necesidad de aprovechar la pluralidad parlamentaria “para sacar adelante la ingente tarea que desde esta Federación tenemos por delante”. La Federación ha celebrado reuniones con todos los Grupos Parlamentarios para impulsar una Proposición de Ley que Garantice la subida salarial de las empleadas y empleados públicos según el IPC previsto; Adapte nuestra normativa para acabar con el uso discriminatorio de la contratación temporal; Desarrolle una Oferta Pública de Empleo excepcional que corrija la actual situación de precariedad en el empleo público y que convoque la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas.
Otro de los objetivos a corto y medio plazo de la Federación es analizar con precisión el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), que cumplirá diez años en 2017 y «hacer de él nuestra bandera tras la cruzada emprendida en su contra por el Gobierno de PP en aras «del bien general». También la Ley General de Sanidad -otra Ley malograda- debe ser motivo de reflexión para «encontrar los cauces de aproximación a los problemas fundamentales» en el escenario de una sanidad transferida.
Por otra parte, la FeSP-UGT mantiene su posición, ya conocida y defendida en diferentes ámbitos de negociación, acerca de la necesidad de derogar la LOMCE que fue fruto de la intransigencia parlamentaria del PP; se aboga por el establecimiento de un gran Pacto de Estado por la Educación que garantice el consenso en una materia de capital trascendencia social y una mayor estabilidad y permanencia en el tiempo de su regulación legal.
