La negligencia del Mº de Defensa al privatizar y externalizar servicios públicos, y su negativa repercusión sobre las cuentas públicas y la estabilidad en el empleo

negligencia de defensa al privatizarVarias Sentencias de diversos Juzgados de lo Social condenan al Mº de Defensa a indemnizar o readmitir a trabajadores de contratas externas, cuando decide rescatar el servicio, por no haber gestionado correctamente el procedimiento de contratación de servicios. Las consecuencias de la mala praxis de sus responsables, las paga el conjunto de la ciudadanía.

Según los últimos datos ofrecidos por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa (Mº de Hacienda y Administraciones Públicas), referidos Al año 2013, el Mº de Defensa es el departamento de la Administración General del Estado que más contrataciones externas realiza: 5.233, por un importe de 814.917.903 de euros.

Sin embargo, a pesar de ello, sus máximos responsables en materia de gestión de la contratación, no han tenido en cuenta todas las premisas y cautelas que al respecto se establecen con carácter normativo para evitar, precisamente, la situación que ahora se acaba de producir[1], resumible en los siguientes datos:

  • Indefensión en la situación laboral de los trabajadores que venían prestando hasta ahora los servicios que se rescatan.
  • Inobservancia de la normativa sobre contratación pública e instrucciones de desarrollo.
  • Vulneración del principio constitucional de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a las Administraciones Públicas.
  • Hacer recaer sobre las arcas públicas los fallos de sus responsables.

¿Y cuáles son esas premisas normativas que no se han tenido en cuenta al concretar los pliegos de contratación? Al menos las siguientes:

  • Artículo 301.4 del Real Decreto Legislativo 3/2001 de Contratos del Sector Público.
  • Disposición Adicional 1ª del Real Decreto Ley 20/2012 de Medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y el fomento de la competitividad.
  • Resolución de 27 de octubre de 2010, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con la Moción sobre la necesidad de evitar los riesgos de que los trabajadores de las Empresas de Servicios contratadas por la Administración, por las condiciones en que se desarrolla la actividad contratada, se conviertan en Personal Laboral de la Administración en virtud de sentencias judiciales.
  • Instrucciones sobre buenas prácticas para la gestión de las contratas de servicios y encomiendas de gestión a fin de evitar supuestos de cesión ilegal de trabajadores (28/12/2012).

Pues bien, el Mº de Defensa hace caso omiso de todo este elenco normativo y, las consecuencias (indemnización de los trabajadores o readmisión), al considerar el juez que se existe un supuesto de sucesión de empresas del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, correrán a cargo de las cuentas públicas. Tanto recorte y “ahorro” en multitud de cuestiones esenciales para la ciudadanía y los empleados públicos, y ahora, también el mal hacer del Mº de Defensa, va a repercutir negativamente en los gastos.

Y que conste que no estamos en contra del fallo de la sentencia, ¡nada más lejos!, pues los trabajadores tienen toda la legitimidad y derecho a luchar por su estabilidad laboral y demás condiciones socioprofesionales. Aunque mucho nos tememos que se recurra, y la jurisprudencia del TS (entre otras la de 30/05/2011), viene a establecer que no hay subrogación  si los medios patrimoniales, en todo momento, los ha aportado la propia Administración, como acontece en el caso que nos ocupa.

Pero no podemos descartar, dados los continuos cambios que se están produciendo en esta materia al amparo de la Directiva 2001/23/UE, que el TSJ confirme la Sentencia.

En definitiva, el Mº de Defensa incurre en una grave irresponsabilidad que incide muy negativamente sobre las cuentas públicas y el derecho al trabajo de los profesionales que venían prestando el servicio, sin que los últimos responsables en la gestión de contratos respondan por su actuación, amparándose en el conjunto de la Administración. Porque como dice el refrán “cuando la culpa es de todos, la culpa no es de nadie”.


[1]El Mº de Defensa tenía contratado un servicio de cocina y comedor con una empresa que sólo aportaba el personal. Concluida la concesión decide rescatar el servicio para prestarlo con personal propio. Tanto la empresa como el Ministerio se desentienden de los trabajadores que venían prestando el servicio (no les despiden y  les niegan el acceso). El juzgado hace recaer la responsabilidad en la Administración, que debe optar por indemnizar o readmitir, pues considera concurre la sucesión de empresas del art.44 del ET.