La negociación en las Administraciones tiene que contemplar subidas de salario y empleo público

 

negociacion administracionesLa Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT ha pedido, una vez más, la convocatoria de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas para negociar las condiciones laborales de los empleados públicos de cara al próximo ejercicio. Una negociación que debe contemplar un aumento de los sueldos de los trabajadores de las Administraciones, sobre todo cuando las congelaciones salariales de los cuatro años precedentes han supuesto una pérdida de poder adquisitivo del 9,2% hasta 2014. Los datos de IPC publicados hoy muestran que, tras once meses de deflación, es urgente cambiar de política para impulsar el crecimiento de la economía y el empleo. La recuperación sólida sólo será posible con mejores salarios.

En el último año los empleados públicos han podido escuchar cómo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y otros miembros de su Ejecutivo alardeaban de los buenos datos macroeconómicos españoles y la inminente salida de la crisis.  Sin embargo, estos factores no parecen augurar la recuperación de sus derechos laborales y salariales. Según cálculos del sindicato, los salarios en las Administraciones Públicas –salario base y trienios- han retrocedido a niveles de 2007. El Gobierno, subraya UGT, no ha sabido superar la crisis en los términos que los empleados y empleadas públicas demandan.

Un colectivo que no ha acatado sumisamente los recortes y UGT se encargará de recordarlo y reivindicar su compensación en las negociaciones futuras. Entre ellas, el reintegro total de la paga extraordinaria de diciembre de 2012. Su supresión ha sido una de las agresiones más directas al sueldo de todos los empleados públicos: unos 5.210 millones de euros en total, lo que significó una pérdida porcentual del 7% en la nómina de los empleados públicos. Hasta el momento sólo se ha devuelto el 25% en  algunas administraciones.

Desde el año 2010 hay una prohibición de aportación a planes de pensiones, lo que ha provocado que las cantidades aportadas con anterioridad estén congeladas, cuando no mermadas, por la pérdida de rentabilidad.

El Gobierno, en su papel de empleador, no sólo ha recortado salarios, ha redactado otra serie de medidas lesivas  para los servicios públicos y sus trabajadores. UGT ha acusado a Cristóbal Montoro de “dejación de funciones”, pues en ningún momento ha ejercido como Ministro de Administraciones Públicas, sino como mero ejecutor de los recortes dictados por Bruselas.