Con el comunicado que se realizó en el día de ayer a los medios de comunicación sobre el estado del incendio forestal de Almorox/Cenicientos/Cadalso, se cierra una semana trágica para nuestros montes y bosques, y empieza un julio pesimista para los grandes analistas de Incendios Forestales.

La Federación de empleadas y empleados de Servicios Públicos, ya viene advirtiendo que este año iba a ser un verano complicado. Solo ha faltado que la intensa ola de calor que nos ha afectado durante estos días, elevase el riesgo por Incendio Forestal y con ello que se hayan producido innumerables emergencias en estos días. Tanto es así, que varios incendios han mantenido en “jaque” a los servicios de prevención y extinción por incendios forestales, sobre todo en las cuatro comunidades afectadas por GIF (grandes incendios forestales), como son Cataluña, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Madrid.

Fue la semana pasada, con “IFTorredelEspayol” con el que se abría unos días complicados, y del que se han visto afectadas 5.046 ha. de superficie, al que hay que sumar el de Gavilanes (Ávila) con más de 1500 ha., Toledo (Toledo) con casi mil hectáreas estimadas, y el incendio de Almorox (Toledo) que afectó también a los términos de Cadalso de los Vidrios y Cenicientos en lo que se ha convertido en el fuego más devastador para la Comunidad de Madrid con una estimación de una 3.500 hectáreas entre las dos comunidades. A estos debemos sumarles más de una centena de emergencias que han sido atendidas por los servicios de extinción en todo el territorio nacional.

En la mayoría de los casos, asistimos a incendios de una gran virulencia, sí. Pero a ello hay que sumar las continuas demandas que UGT realiza: escaso trabajo preventivo en invierno, falta de contratación de personal y escasez de medios humanos, así como las precarias condiciones laborales del colectivo de Bomberos Forestales, que carece de una regulación laboral marco a nivel estatal y que, en muchos casos tienen largas jornadas de trabajo y salarios congelados desde casi una década. Un colectivo que reclama la categorización, la formación y profesionalización por parte de las Administraciones, pasando a ser un servicio público cien por cien y dependiente de Protección Civil, tal y como estipula la legislación. Solo revertiendo estas demandas acabaríamos con el intrusismo por parte de trabajadores voluntarios, la temporalidad y precariedad del personal.