La precariedad y la desprotección laboral se instalan en nuestro mercado de trabajo

precariedad en el mercado laboral

En el mes de agosto el paro registrado en los Servicios Públicos de Empleo ha aumentado en 21.679 personas y la afiliación a la Seguridad Social ha disminuido en 134.289 personas.
El comportamiento del indicador, el peor en los dos últimos años, muestra que la recuperación de la que habla el Gobierno no es consistente y que el empleo es cada vez más precario y los trabajadores y parados están menos protegidos.
Los datos son esclarecedores en este sentido: en agosto, los contratos a tiempo parcial supusieron el 35% de los contratos realizados pero solo 6 de cada 100 contratos han sido indefinidos, una de las cifras más bajas desde 1997, y solo el 3,8% indefinidos a tiempo completo.
UGT señala que para consolidar una salida duradera y sostenible de la crisis es necesario apostar por el empleo de calidad, revertir la reforma laboral de 2012, que ha institucionalizado la precariedad y fortalecer el sistema de prestaciones por desempleo, incorporando una prestación de ingresos mínimos, y reformar el sistema de políticas activas de empleo, con un Servicio Público de Empleo reforzado financiera, humana y tecnológicamente como institución central y garante del sistema.
En el mes de agosto el paro registrado en los Servicios Públicos de Empleo ha aumentado en 21.679 personas, y la afiliación a la Seguridad Social ha disminuido en 134.289 personas (en media en el mes). Hay que tener en cuenta que agosto es estacionalmente un muy mal mes para el empleo, y que por eso casi siempre aumenta el paro registrado y siempre se reduce el número de personas afiliadas, y en todos los sectores.
Esto es así porque, aunque se trata de un mes muy favorable para algunas actividades como el turismo, no es suficiente para compensar el parón que registran otras, esencialmente en el sector industrial y en la construcción, que aprovechan la temporada estival y de menor demanda para cerrar sus negocios, lo que conlleva la rescisión de muchos contratos, en ocasiones fraudulentamente, puesto que encubren actividades permanentes que se reanudan con normalidad en el mes de septiembre.
En términos comparados, el comportamiento del paro en este mes de agosto ha sido peor que en los dos últimos años (en 2013 se redujo en 13 personas y en 2014 aumentó en 8.070), y también la caída de empleo afiliado ha sido más intensa (fue de -99.069 y -97.582 en 2013 y 2014 respectivamente). Ello supone sin duda una llamada de atención para quienes consideran que la senda de recuperación del empleo es ya consistente, algo que en absoluto es cierto y que debe ser analizado con todos los matices que requiere la actual situación económica, que posee muchos riesgos y debilidades.
El paro registrado ha aumentado en este mes en ambos sexos (11.125 hombres y 10.554 mujeres), en los tres mayores sectores (sobre todo en servicios, donde crece en 22.876 personas; cae en la agricultura y entre el colectivo sin empleo anterior). Crece en once Comunidades Autónomas y en Ceuta y Melilla (en la que más crece, en la Comunidad Valenciana, en 7.614 personas, seguida de Cataluña, 4.521) y se reduce en seis (en la que más, en Galicia, -2.639 personas).
Entre los trabajadores extranjeros el paro se reduce en 6.692 personas, debido a que poseen una notable representación en las actividades que mejor se comportan estacionalmente en el mes, el turismo y la hostelería. En conjunto, el número total de parados registrados se eleva a 4.067.955 personas.
Más allá de los factores estacionales que explican los puntuales vaivenes de las cifras totales de paro y afiliación, los datos conocidos hoy aportan pocas novedades en la tendencia observada en el mercado de trabajo español, volviendo a poner de manifiesto que el empleo es cada vez más precario y los trabajadores están menos protegidos. Esta es la consecuencia de las medidas de política de empleo aplicadas por el gobierno del Partido Popular y de las políticas económicas aplicadas, y una de las circunstancias que mayores riesgos tiene para la recuperación de nuestra economía y para la recuperación de una senda de mejora del bienestar de las familias que queda aún muy lejos.
Nuestro crecimiento está reproduciendo el patrón que derivó en el crash de 2008, del que aún no hemos salido: empuje de actividades de comportamiento muy volátil y estacional y aumento del empleo de baja calidad y poca aportación al valor añadido de la producción. Pero incluso en esta ocasión se están promoviendo peores condiciones laborales que hace ocho años, puesto que las sucesivas reformas laborales, y en particular la introducida unilateralmente por el Gobierno del Partido Popular, han desregulado aún más el mercado laboral, estableciendo la contratación precaria como norma y creando las condiciones para el contrato indefinido se convierta definitivamente en una figura marginal en nuestro sistema de relaciones laborales.
Los datos son esclarecedores en este sentido. En agosto, solo 6 de cada 100 contratos han sido indefinidos, una de las cifras más bajas desde 1997. Y paralelamente, se siguen utilizando los contratos a tiempo parcial como vía de abaratamiento de costes y de flexibilización inadecuada de la jornada laboral.
En el pasado mes los contratos a tiempo parcial supusieron el 35% de todos los contratos realizados, una cifra que se eleva en el caso de los contratos indefinidos al 40%. Ello supone que solo el 3,8% de los contratos realizados son indefinidos a tiempo completo, la modalidad que debería ser predominante en el mercado laboral.
Tan preocupante como el aumento de la precariedad del empleo es la disminución del nivel de protección de quienes tienen la desgracia de perderlo. La tasa de cobertura se situó en julio (los datos se publican con un mes de retraso respecto de los de paro) tan solo en el 58,46% de todos los parados registrados en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo, 11,4 puntos porcentuales que cuando Mariano Rajoy accedió a la Presidencia del Gobierno.
En este contexto, resulta lamentable que el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2016 contenga una reducción de las prestaciones por desempleo del 22% (5.500 millones), que no solo impide aumentar la cobertura, sino que establece el gasto por desempleado en 6.110 euros, 3.400 euros menos que en 2010. Es decir, menos cobertura y menos intensidad de la misma; en definitiva, menos protección para los trabajadores desempleados.
Igualmente criticable es el hecho de que la dotación presupuestaria para 2016 de las políticas activas de empleo sea inferior en 2.500 millones a la fijada en 2011 (un 32% menos). En un país como el nuestro, en el que la generación de empleo de calidad y la reducción de las situaciones de pobreza deberían ser las prioridades indiscutibles de la política económica, ambos datos dan buena idea de lo erróneo de la orientación de la política de este Gobierno.
Por todo ello, desde UGT volvemos a solicitar un cambio real en la orientación de las políticas económicas, y en particular en la política de empleo, para impulsar el empleo de calidad y con derechos y elevar la protección de los trabajadores.
Solo así será posible consolidar una salida de la crisis duradera y sostenible, que repercuta en una paulatina mejora de bienestar de todos los hogares, y en especial de aquellos que están atravesando peores situaciones. Para ello, es imprescindible revertir la reforma laboral de 2012 y de sus sucesivos desarrollos, que han institucionalizado la precariedad en las relaciones laborales, fortalecer el sistema de prestaciones por desempleo, incorporando simultáneamente una prestación de ingresos mínimos tal y como hemos planteado UGT y CCOO a través de una Iniciativa Legislativa Popular, y reformar el sistema de políticas activas de empleo, con un Servicio Público de Empleo reforzado financiera, humana y tecnológicamente como institución central y garante del sistema.
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