La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT se ha reunido, junto a CCOO y CSIF, con el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro para plantearle las prioridades en materia de negociación colectiva para 2017. Al término de la reunión, Julio Lacuerda, secretario general de la FeSP-UGT, ha mostrado un cierto optimismo en relación a los posibles acuerdos que se puedan alcanzar con el Gobierno y sobre todo, en los cauces en que puedan concretarse las reivindicaciones de UGT. Montoro ha afirmado que las relaciones laborales van a ser “bien diferentes”; UGT reinvindica que sea en la Mesa General de Negociación donde se tomen las decisiones en materia de empleo público y no a golpe de decreto como fue costumbre en la pasada legislatura. Las administraciones -ha señalado Lacuerda- tienen que recuperar una mayor capacidad organizativa que les permita retomar de una manera más justa su compromiso como empleadores.
UGT ha planteado como prioridades la recuperación salarial; los sueldos de los públicos para 2017 deberían crecer por encima del IPC y recuperar a lo largo de la legislatura el poder adquisitivo perdido en los últimos 5 años (en torno al 13%).
Otro asunto que el Gobierno debe solventar sin demora es la alta temporalidad existente en las administraciones. En el Sistema Nacional de Salud, 170.000 trabajadores se mantienen en situación de interinidad, un 35% del total de la plantilla. En educación pública, uno de cada cuatro docentes de enseñanza no universitaria es interino.
En este sentido, una vez conocidas las sentencias del Tribunal europeo sobre el derecho a indemnización tras su cese de empleados públicos con contrato de interinidad, entendemos que es necesario que se realicen las modificaciones legales pertinentes para adaptar el ordenamiento jurídico español a la directiva europea, así como para que el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) recupere muchas de las cuestiones que han sido modificadas o suprimidas unilateralmente en perjuicio de los empleados públicos.
La destrucción de empleo en el sector, la precariedad y el envejecimiento de las plantillas son igualmente puntos fundamentales en la agenda de negociación. UGT considera imprescindible que antes de cerrar los Presupuestos Generales del Estado para 2017, el Gobierno asegure el mantenimiento de los servicios públicos garantizando una tasa de reposición del 100% y unas políticas de empleo público que mejoren la prestación de éstos a la ciudadanía.
Actualmente, las políticas restrictivas del Gobierno, la congelación de la tasa de reposición y unas Ofertas de Empleo Público escasas y mal enfocadas, han contribuido a una situación difícilmente sostenible debido al envejecimiento de las plantillas..
También creemos que ha llegado el momento de negociar la Ley de Función pública de la AGE que regule asuntos tan importantes como el desarrollo de la carrera profesional vertical y horizontal, la evaluación del desempeño.
Por otra parte, la jornada de 35 horas semanales en las Administraciones debería implantarse con carácter básico en todas las comunidades autónomas.
