UGT, CCOO y CEVE han remitido al ministro Salvador Illa una carta pidiendo diálogo y medidas urgentes para el sector:

Los agentes sociales del sector veterinario constatan que la situación por la que el país está atravesando es de suficiente gravedad y de una naturaleza tal como para que sea perentorio que se establezca un contacto fluido entre el Ministerio de Sanidad y los interlocutores sociales del sector veterinario.

Los agentes sociales del sector veterinario hemos brindado nuestra colaboración y hemos estado compilando y analizando información sobre las dificultades más significativas ante las que proponemos las siguientes acciones con carácter de urgencia:

• Que se establezca una metodología de intercambio de información que permita transmitir de manera efectiva las aportaciones que deban hacer los agentes sociales del sector veterinario en casos de crisis sanitaria, especialmente si, como en este caso, son de carácter zoonótico. En este sentido es necesario un procedimiento de prevención de riesgos laborales para los centros y servicios veterinarios que establezca unos criterios de actuación homogéneos, siendo los servicios de prevención los responsables de reevaluar el riesgo y las medidas de prevención y protección que deben adecuarse a la realidad de cada servicio.

• Que las entidades colaboradoras con la Seguridad Social puedan establecer unos procedimientos de actuación homogéneos y acordes con las necesidades de nuestro sector. Esto pasaría por la categorización del riesgo de exposición al SARS- CoV-2 en los centros sanitarios veterinarios, la definición de los EPI de uso obligatorio por parte del personal sanitario y no sanitario, y las medidas a adoptar en caso de escasez de EPI. 3. Que se dé acceso a las empresas del sector a una cantidad de EPI y desinfectantes adecuados, que permitan reincorporar el personal asegurando su salud laboral.

• Que la carestía de EPI y desinfectantes tenga la consideración explícita de causa de fuerza mayor por COVID-19 en el caso de los expedientes de regulación temporal de empleo solicitados por el sector veterinario ante la imposibilidad de garantizar la seguridad y la salud del personal, decretándose que, por esta causa, no se solicite el informe potestativo ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

• Que no se solicite el informe potestativo ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en aquellos ERTE tramitados por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción en los que se alcance acuerdo con la representación legal de los trabajadores, o en su defecto con las secciones sindicales, o cuando se acuda al procedimiento de negociación articulado ante las organizaciones sindicales más representativas del sector.

• Que se promulguen indicaciones claras acerca del procedimiento a seguir para que las personas usuarias justifiquen los desplazamientos a servicios veterinarios, y no se pongan trabas a la libre elección de centro y de facultativo veterinario.

• Que, en general, se permitan los desplazamientos destinados a proporcionar cuidados a los animales, de acuerdo a sus necesidades.

Los agentes sociales del sector sanitario veterinario reiteramos nuestra oferta de colaboración al Gobierno de España, tanto como vindicamos la necesidad de establecer de forma perentoria una verdadera política One Health por parte de su Ministerio. Estamos en disposición de colaborar en esta vital labor mediante la contribución de los expertos que forman parte de nuestras comisiones técnicas permanentes. Los agentes sociales del sector veterinario no podemos permitirnos permanecer por más tiempo sin que se tengan en cuenta nuestras aportaciones y reivindicaciones, por lo que, de no haber un cambio significativo, y con el fin de lograr la más pronta recuperación de la normalidad en esta crisis sanitaria, estaremos obligados a recabar públicamente el respaldo de otros sectores sociales.