Los PGE ponen de manifiesto que los ciudadanos no son la prioridad del Gobierno

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La Unión General de Trabajadores considera que el contenido de los Presupuestos Generales del Estado para 2016 que se aprobaron ayer por la tarde, tienen un marcado carácter electoralista y se sustentan en unas cifras irreales y en una recuperación económica ficticia (como la propia Comisión Europea ha señalado), que se enfrenta a importantes amenazas y riesgos y que, según las estimaciones más consistentes, perderá vigor irremediablemente.

El sindicato destaca que el objetivo del Gobierno es la reducción del déficit público y el cumplimiento de los compromisos de consolidación fiscal y advierte de que la recuperación del bienestar de los ciudadanos no es la prioridad ya que las rentas de trabajadores y familias que dependen de los estos presupuestos –empleados, públicos, pensionistas, prestaciones por desempleo o prestaciones sociales a familias, entre otros,- van a sufrir una rebaja de poder adquisitivo.

UGT apuesta por unos presupuestos centrados en las personas y el empleo, que permitan una salida más equilibrada y más justa de la crisis y con reformas de calado para hacer la economía española más competitiva y más sostenible a largo plazo, basada en la mejora de la productividad y el valor añadido, la generación de empleo de calidad y la mejora de nuestro Estado de Bienestar.

UGT señala que la evolución de los datos macroeconómicos son el espejo de las debilidades de nuestra recuperación económica y el reflejo de una economía que no consigue recuperar su demanda y advierte de que las rentas de trabajadores y familias que dependen de los PGE 2016 van a sufrir una rebaja de poder adquisitivo, claro reflejo de la irresponsabilidad del Gobierno con la recuperación real de los ciudadanos.

En este sentido, cabe destacar que los PGE 2016 plantean un incremento salarial de un 1% para el colectivo de empleados públicos, con lo que no solo no recuperarán la pérdida de poder adquisitivo fruto de los recortes anteriores, sino que se abundará en la pérdida porque el cuadro macroeconómico contempla un deflactor del PIB del 1,1% para 2016.

Lo mismo ocurre con las rentas de los pensionistas, que sufrirán una nueva caída de poder adquisitivo, dado el incremento contemplado, de nuevo del 0,25%, muy por debajo de la inflación prevista.

Además, las prestaciones sociales a las familias se congelan, ya que el Gobierno pretende, por sexto año consecutivo, no actualizar el IPREM, incumpliendo la legislación que obliga a consultar a los interlocutores sociales antes de fijarlo.

Y los PGE 2016 contemplan también una nueva reducción de 5.480 millones de euros en prestaciones por desempleo, que lejos de deberse a una menor tasa de desempleo, se debe a la menor tasa de cobertura y a los menores niveles de prestación media.

Todo esto en un contexto en el que las políticas aplicadas han provocado un empeoramiento de las condiciones de vida de la población y el alejamiento de España en términos de renta por habitante del conjunto de la Unión Europea.

El enquistamiento del paro de larga duración, la caída de la calidad del empleo y la devaluación salarial han provocado una fuerte pérdida de renta de las familias españolas, aumentando notablemente la población en riesgo de pobreza o exclusión social, que alcanza ya al 29,2%, casi 5 puntos por encima de 2009.

Lejos de corregir esta situación, los PGE vuelven a poner de relieve la nula correspondencia que hay entre las actuaciones del Gobierno y las necesidades reales de nuestra economía y nuestra sociedad.

Con un marcado carácter electoralista, el Ejecutivo ha planteado un escenario irreal en sus previsiones para cumplir sobre el papel con los objetivos macroeconómicos europeos, y cuyo contenido sustenta unas políticas continuistas, que suponen una apuesta por un modelo de crecimiento caduco y frágil y un nuevo recorte de nuestro estado de bienestar.

El escenario real que se dibuja hoy en España exige la reactivación del consumo de las familias, indispensable para recuperar el crecimiento sostenido en nuestro país, que permita crear empleo y recobrar los niveles de renta perdidos. Y para ello, urge la creación de empleo de calidad y la mejora de los salarios de los trabajadores, en el marco del III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2015-2017, firmado por los Agentes Sociales el 8 de junio de 2015.

Ello exige que se acompañe el esfuerzo con planes de choque específicos a través de un impulso de las políticas activas y los servicios públicos de empleo, con recursos excepcionales para la formación y el empleo, especialmente de los colectivos en peores condiciones, es decir, parados de larga duración, jóvenes y mayores de 45 años. Asimismo se debe extender la protección por desempleo de forma que ningún trabajador se quede sin cobertura.

Además, el sindicato apuesta por una reforma integral de la fiscalidad, con un IRPF más justo y con mayor capacidad recaudatoria, donde las rentas del trabajo y del capital tengan el mismo tratamiento, con una acción decidida contra el fraude fiscal, y que sirva para poner las bases de un nuevo sistema productivo, ya que nos encaminamos hacia un sistema basado en bajos costes laborales en el que prima el empleo precario, temporal y a tiempo parcial.

Asimismo, aboga por cambiar los actuales parámetros de la actual política económica nacional revitalizando la demanda y el empleo de calidad, priorizando el gasto público y fijando una política salarial pública acorde con la necesaria reactivación económica.

En definitiva, UGT apuesta por unos presupuestos centrados en las personas y el empleo, que permitan una salida más equilibrada y más justa de la crisis y con reformas de calado para hacer la economía española más competitiva y más sostenible a largo plazo, basada en la mejora de la productividad y el valor añadido, la generación de empleo de calidad y la mejora de nuestro Estado de Bienestar.