Más de 60 funcionarios de la cárcel de Palma han sido agredidos por reclusos a lo largo de 2017, lo que supone un 25 % de la plantilla de vigilancia, según denunció ayer el sindicato UGT.
La información coincidió con los datos facilitados por el Gobierno central, en el que se confirma que la de Palma es la prisión –a excepción de Cataluña– con más ataques a funcionarios. Le siguen el hospital psiquiátrico de la cárcel de Sevilla con 13 agresiones, y las 12 de Albolote (Granada), Madrid V y el psiquiátrico de Alicante.
El Gobierno aseguró que el número de agresiones en las cárceles españolas es «muy pequeño» si se tiene en cuenta la cifra de población reclusa, subrayó que de las que se producen no hay ninguna muy grave y resaltó que, en cualquier caso, la tendencia es descendente.
Con estas afirmaciones responde el Ejecutivo al diputado socialista Antonio Hurtado, quien se interesó por la evolución de las agresiones que sufren los funcionarios de las cárceles y las medidas adoptadas por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para evitar este tipo de incidentes.
En su respuesta por escrito, el Gobierno ofreció datos de los diez centros penitenciarios dependientes de la administración central -todos menos lo de Cataluña- donde más agresiones se han producido en 2012, 2013, 2014, 205, 2016 y hasta el 16 de octubre de este año.
En la penitenciaria de la carretera de Sóller, el Gobierno contabiliza 14 casos de agresiones a funcionarios, pero desde UGT se matizó que en cada uno de esos ataques hubo más de un empleado público lesionado, lo que eleva a 60 los heridos. «Esta situación es muy grave», añadieron las mismas fuentes consultadas ayer
