Desde hace varios años la ISP (Internacional de Servicios Públicos, de la que Julio Lacuerda es vicepresidente) junto con otras 50 organizaciones de la sociedad civil, ha estado involucrada en una campaña internacional para lograr que las Naciones Unidas asuma el valor común de que “el derecho a la paz es una condición para un orden democrático y equitativo”. Finalmente, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó este pasado 19 de diciembre la resolución 71/189, por la que hizo suyo el proyecto de Declaración sobre el Derecho a la Paz que le había propuesto el Consejo de Derecho.

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 19 de diciembre de 2016 la resolución 71/189, por la que hizo suyo el proyecto de Declaración sobre el Derecho a la Paz que le había propuesto el Consejo de Derechos Humanos en su resolución 32/28, del 1 de julio de 2016.

De esta manera la Asamblea General concluyó seis años de trabajos preparatorios, que se habían iniciado en el Consejo de Derechos Humanos en 2010, a instancias de las organizaciones de la sociedad civil que, lideradas por la AEDIDH, propusieron como modelo la Declaración de Santiago sobre el Derecho Humano a la Paz, de 10 de diciembre de 2010.

El Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos (dieciocho expertos independientes) también había aprobado el 16 de abril de 2012 su Declaración sobe el Derecho a la Paz, después de dos años de intensos trabajos en estrecha colaboración con la sociedad civil. Esta Declaración había incluido el 85 % de las normas propuestas en la Declaración de Santiago.

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