Pensiones: en legítima defensa (fin).
España dedica en este momento en torno al 12% del PIB al pago de pensiones, un poco por debajo de la media europea, que está alrededor del 12’5%. Pero países como Austria y Portugal están en el 14%, el mismo nivel de gasto que alcanzará España en 2045, cuando según las peores previsiones hayan accedido a la jubilación las llamadas generaciones del baby boom; y Francia (15%) e Italia (16%) ya lo superan claramente. Es decir, España se encuentra en condiciones de asumir el gasto creciente en pensiones que se producirá en las dos próximas décadas, cuando la coyuntura será especialmente desfavorable porque pasarán a la situación de pensionistas las generaciones de trabajadores más numerosas. Pero justo a continuación ocurrirá todo lo contrario: las generaciones que accedan a la jubilación estarán formadas por un número cada vez menor de trabajadores, por lo que, de manera acelerada, a pesar del incremento de la esperanza de vida, el gasto en pensiones descenderá bruscamente.
Ésta, que no deja de ser una verdad de Perogrullo, no suele ser tomada en consideración en los análisis que realizan aquellos que quieren introducir cambios en nuestro sistema de pensiones. Analizan la previsible evolución del gasto en pensiones de las próximas décadas, como si dicha tendencia creciente fuera a mantenerse de forma ilimitada, de manera que proponen la adopción de medidas que corrijan ese pretendido crecimiento ilimitado del gasto. Y lo que proponen, la mayoría, es ir sustituyendo una parte progresivamente creciente de la pensión futura que va a cargo de cotizaciones a la Seguridad Social, por el fomento e implantación de sistemas privados de previsión (planes de pensiones) cuyos fondos se constituyen, como ya sabemos, con las aportaciones que van haciendo los trabajadores a lo largo de su vida activa. O dicho en román paladino: lo que proponen es reducir de forma drástica la cuantía de la pensión pública (sin merma de cotizaciones) para que al trabajador le compense (o mejor: no le quede otro remedio) suscribir un plan de pensiones para “asegurarse” unos ingresos suficientes durante su vejez.
Sin embargo, como hemos visto, el problema de la sostenibilidad del sistema de pensiones de España, no es un problema de gasto, sino de ingresos, y la adopción de medidas de carácter estructural como las descritas anteriormente no buscan mejorar el sistema público, sino modificar su naturaleza en beneficio de intereses empresariales privados. Pero que esto sea así, no significa que no haya que hacer reformas. Reformas que, como se dijo al principio, tienen que afectar a la forma como se financia el sistema, sobre todo a corto plazo, y a la fórmula de cálculo de la prestación, cuando hablamos del muy largo plazo. A este respecto recomiendo la lectura atenta del reciente informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) que contiene las recomendaciones expresadas por este organismo al gobierno para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones.
Pero como se dijo las reformas no se pueden quedar en el ámbito estricto del sistema de pensiones: una disminución del desempleo por debajo del 10%, una estabilización del mercado de trabajo, con una reducción drástica de la contratación temporal e irregular, y un aumento decidido de las rentas salariales, con incremento, sobre todo, del Salario Mínimo Interprofesional, son factores que contribuyen por sí solos a la mejora del balance de la Seguridad Social y, sin duda, a la mejora incuestionable del bienestar general.
Por último conviene señalar que en una sociedad como la nuestra, las pensiones de jubilación no son sólo el medio de vida de algo más de la quinta parte de la población, sino un componente esencial de la demanda interna, que contribuye de manera decidida al buen funcionamiento de la economía, tanto por su elevada participación en el consumo de los hogares, como por ser una fuente de empleo de primer orden que ningún gobernante sensato puede dejar de tener en cuenta. Aunque sólo fuera por este motivo, las pensiones están garantizadas en España. La lucha está en mantener y mejorar un sistema como el que hemos preconizado en estas líneas, cuyo objetivo es el beneficio y la defensa del interés general frente al intento de mercantilización del sistema por parte de intereses privados.
Francisco Estravís Fernández
Secretario General de la FeSP – UGT de Zamora.
