La necesaria adaptación del Protocolo sobre violencia en el trabajo en la Administración General del Estado (AGE) para que se convierta en un elemento básico en la lucha contra las agresiones que sufrimos los empleados públicos penitenciarios en nuestra actuación profesional debe de partir de la idea de la multiplicidad de causas o factores que inciden en la aparición de los casos de violencia. Son muchas las variables que hacen que el ámbito laboral penitenciario sufra un elevado grado de violencia, creciente en los últimos años. Las últimas cifras de las que disponemos muestran que a lo largo de 2015 y el primer trimestre de 2016 se han producido un total de 2.118 agresiones de internos a trabajadores penitenciarios. De ellas, la Administración Penitenciaria ha calificado 181 como graves o muy graves.
