Reunión de la Comisión Técnica de Igualdad de la AGE

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En la reunión de la Comisión Técnica de Igualdad de la AGE seguimos avanzando y mejorando el texto definitivo del  borrador del II Plan de Igualdad.

Hoy Función Pública, ha aceptado únicamente a la FSP-UGT dos nuevas medidas de las últimas propuestas que hemos realizado, y que figurarán en el texto definitivo. Como son:

–        La realización de un díptico o tríptico explicativo y divulgativo del Plan, ya que se trata de un documento muy extenso.

–        Y la realización de un cuestionario sobre el grado de satisfacción que las empleadas y empleados públicos tienen con respecto a las medidas de conciliación actuales.

También Función Pública nos ha reconocido la importancia de los indicadores que hemos propuesto para poder evaluar y analizar las distintas medidas del II Plan de Igualdad; aunque consideran que no debe figurar y que se establecerán desde la Comisión de Evaluación y Seguimiento.

Desde la FSP-UGT hemos seguido insistiendo en la importancia de reflejar los plazos de ejecución de cada medida para que no se dilaten en el tiempo. Aunque Función Pública sigue manteniendo que en la vigencia del Plan se establece que ésta será de un año, y que por tanto no lo ven necesario.

En cuanto al Protocolo de Acoso sexual, que como ya os hemos venido informando fue negociado y acordado en 2011 con la FSP-UGT y demás organizaciones sindicales, si bien no se había puesto en marcha por un defecto de forma, ahora ya va a ser corregido. Y se aprobará un Real Decreto donde se establezca como se ha articulado, conteniendo  un anexo  con el Protocolo para poderlo implementar en toda la Administración General del Estado. Optándose por esta fórmula para que cuando tenga que sufrir modificaciones, pueda realizarse de una manera ágil.

Respecto al Protocolo de movilidad de las empleadas públicas víctimas de Violencia de Género está siendo revisado por Función Pública, para introducir algunas de las propuestas que hemos realizado. Desde la FSP-UGT, exigimos que esta situación no se trate como una movilidad más, sino como una situación excepcional. Que las empleadas públicas, que tengan que trasladarse por este motivo, no sufran ninguna merma económica. Y que los plazos de la propuesta sean más amplios que los de una movilidad general.