Este curso universitario comienza con un nuevo Gobierno y un nuevo Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, con anuncios de cambios legislativos en el ámbito de la Universidad. Todos coincidimos en que el daño que los recortes económicos y sociales impuestos desde el año 2010 por el anterior ejecutivo han causado un grave daño al Sistema Universitario Público Español.

La ampliación del límite de la tasa de reposición de efectivos por orden de los Presupuestos Generales del Estado, unido al Acuerdo Administración-Sindicatos para la Mejora del Empleo Público -que finalmente, y tras duras negociaciones incluyó al Personal Docente e Investigador y más tarde, a través de los Presupuestos Generales del Estado, por la firme petición de UGT, al Personal de Administración y Servicios-, debería empezar a revertir la situación de disminución de plantillas y/o pérdida de derechos de los trabajadores.

Hoy por hoy estamos expectantes, ya que la financiación pública no es suficiente y sabemos de la dificultad administrativa con la que se han encentrado las Universidades que solicitaron en el primer semestre de 2018 el aumento de plazas en su oferta pública de empleo.

En UGT no queremos promesas, sino hechos. La falta de información sobre plantillas sigue estando presente, ni el Ministerio ni los rectores facilitan los datos, por lo que el seguimiento del número y calidad de las contrataciones es una tarea compleja. Las primeras impresiones no son halagüeñas.

A la disminución de recursos humanos en todas las Universidades Públicas -con la consiguiente carga laboral para los trabajadores-, hay que añadir la pérdida de derechos económicos y sociales. Básicamente las condiciones laborales han empeorado en todos los sentidos.

El Personal de Administración y Servicios, tanto laboral como funcionario, ve día a día como disminuyen sus derechos y aumentan sus obligaciones. Además sufre la generalizada externalización de servicios y dentro del Personal Docente e Investigador se continúa con la tendencia a precarizar a los jóvenes investigadores, cuyo nuevo Estatuto se ha puesto a exposición pública recientemente. Las dificultades para los docentes e investigadores, mediante evaluaciones con criterios de dificultad creciente y contrataciones que rozan la ilegalidad, unidos a la cada vez mayor destrucción de empleo funcionarial hacen difícil la coyuntura de la Universidad en su conjunto.

No nos cabe duda de que todo esto repercute en la calidad del servicio que deben ofrecer las Universidades a la sociedad, la docencia, la investigación y su transferencia al tejido económico, social y cultural.

Fuera del ámbito del personal, otras medidas desafortunadas han perjudicado gravemente a la Universidad: las injustas políticas de becas, el aumento de las tasas de matrícula, el intento de imposición de planes que perjudican las economías familiares (el 3+2), la falta de financiación para la modernización de los recursos materiales, y un largo etcétera.

El sindicato de Universidad de FeSP-UGT considera imprescindible el inicio de una nueva etapa favorable para la enseñanza universitaria, a partir de los siguientes objetivos y actuaciones:

• ­ Defensa de los derechos, mejora de las condiciones laborales y retributivas, y de la promoción profesional de todos los trabajadores y colectivos profesionales de las Universidades. Para ello, es imprescindible la recuperación de unas plantillas universitarias adecuadamente dotadas (PDI y PAS), la exigencia de definición de una Relación de Puestos de Trabajo en cada Universidad, la creación de los estatutos del PDI y del PAS y la revisión del Estatuto del Personal Investigador en Formación, que definan los procesos de acceso y desarrollo de la carrera profesional en el contexto de las universidades y garanticen unos sistemas objetivos de promoción interna.
• ­ Potenciación de las mesas de negociación en materia de Universidades e investigación en las CCAA y centros universitarios y la definitiva constitución formal de la Mesa Sectorial Estatal, con la participación sindical proactiva en la preparación, desarrollo y seguimiento de la normativa sobre universidades e investigación: legislación general, leyes de educación, procedimientos de evaluación, etc.
• ­ Internacionalización de la enseñanza universitaria y la investigación desarrollada en España, y movilidad interuniversitaria e internacional del conjunto del personal de las universidades (PDI y PAS).

UGT hace un llamamiento al nuevo ejecutivo para que modifique el rumbo erróneo adoptado en los últimos años y propicie políticas que permitan la disminución de tasas académicas, el incremento de becas, mayores ofertas de empleo y la mejora de las condiciones sociolaborales de los trabajadores/as universitarios.