UGT exige al Gobierno en funciones que se oponga a la ratificación del acuerdo de libre comercio UE-Canadá

UGT exige al Gobierno funciones se oponga ratificación acuerdo libre comercio UE-Canadá

El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ha remitido al Presidente del Gobierno en funciones, así como a los ministros de Economía y Competitividad y de Asuntos Exteriores y Cooperación, también en funciones, sendas cartas instándoles a oponerse en nombre del Estado español a la previsible ratificación del Acuerdo Integral de Economía y Comercio entre la Unión Europea y Canadá (CETA) en la próxima reunión del Consejo Europeo de Comercio del 5 de julio.

En la misiva, el Secretario General de UGT manifiesta la preocupación del Sindicato, al igual que han hecho otras muchas organizaciones de la sociedad civil y gobiernos regionales de la Unión Europea y Canadá, por la ausencia en el acuerdo de una protección adecuada para los servicios públicos, normas laborales, toma de decisiones democráticas, etc…

Teniendo en cuenta que hasta el 19 de julio no se constituirán las nuevas Cortes Generales surgidas de las elecciones del 26 de junio, la única posibilidad de oposición por parte del Estado español a la ratificación de este Acuerdo por parte del Consejo Europeo del 5 de julio corresponde al Gobierno en funciones, por esa razón el Secretario General de UGT le insta a no ratificar el CETA, y a realizar una evaluación completa de su impacto en cada Estado miembro de la UE. El Sindicato considera que el Consejo Europeo debería votar sobre el acuerdo por unanimidad, siguiendo lo establecido en el artículo 207 (4.b) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, dado que el CETA corre el riesgo de socavar las responsabilidades de los estados de la Unión en la organización y gestión de servicios tan fundamentales como la sanidad, la enseñanza, o los servicios sociales.

Aunque el Acuerdo Trasatlántico de Comercio e Inversiones con EEUU (TTIP) es más conocido, UGT considera que el CETA incluye algunos elementos más perniciosos, y además –teniendo en cuenta la existencia del NAFTA (tratado de libre comercio entre EEUU, Canadá y México que habilita a las empresa norteamericanas a operar en Europa vía CETA)- y que las autoridades comunitarias han cerrado ya la fase de negociación e iniciado la revisión jurídica, es necesario actuar frente a él de forma inmediata.

En relación con su contenido, es especialmente relevante el tratamiento inadecuado que se da a los servicios públicos, que no están protegidos frente a la privatización. Como Álvarez señala en la carta “El enfoque de “lista negativa”tomado en el acuerdo significa que cualquier servicio que no esté explícitamente declarado como tal en la entrada en vigor del acuerdo quedará expuesto a una futura liberalización. Este peligro se acrecienta por los mecanismos de trinquete (ratchet) y punto muerto (standstill), que constituyen una amenaza para impedir que el futuro gobierno revierta a la titularidad y gestión públicas los servicios anteriormente privatizados”.

El CETA incluye también el llamado ICS, Sistema Judicial de Inversión, que no sólo se traducirá en un aumento de los costes para los gobiernos que intenten poner en marcha cambios normativos, sino que también tendrá un efecto paralizante porque tendrán menos posibilidades de adoptar políticas destinadas al bienestar de la ciudadanía, o a la protección ambiental, por ejemplo, por el temor a que se desencadenen procesos judiciales costosos.

En cuanto a la protección de los derechos laborales de los trabajadores, las disposiciones del CETA son extraordinariamente débiles, lo que afectará negativamente al empleo y los salarios de los trabajadores europeos.