UGT exige garantías sobre el mantenimiento de los derechos de los ciudadanos europeos y, en concreto, de los 200.000 españoles que residen en el Reino Unido, en el día en que ese país inicia su salida de la Unión Europea, ya que el Brexit les coloca en una situación de debilidad. El sindicato advierte que las personas no deben pagar el precio de las decisiones políticas y señala que hará todo lo que esté en su mano para defender los intereses de los trabajadores.

La Unión General de Trabajadores subraya que la Unión Europea tendrá que tomar las medidas necesarias para que el impacto del Brexit en el mercado de trabajo sea lo menos traumática posible para los ciudadanos europeos y, en especial, para los cerca de 200.000 españoles, que residen en Reino Unido.

El sindicato recuerda que las propuestas del Gobierno británico en materia de inmigración y de derechos de los nacionales de la UE en Reino Unido no hacen sino confirmar que serán las personas las que paguen el precio de la decisión política de abandonar Europa. De hecho, la Primera Ministra, Theresa May ha dejado bien claro que se establecerán límites cuantitativos y cualitativos a la inmigración desde la UE, señalando que el Reino Unido sólo recibirá a personas con alta cualificación porque, según ella, «los migrantes hacen bajar los salarios».

Sin embargo, no está tan claro que los trabajadores británicos no vayan a ver mermados sus derechos, ya que el Reino Unido no solo sale del mercado único en términos económicos sino también términos sociales como la protección de los trabajadores, los consumidores o el medio ambiente.

Hubiera sido deseable un compromiso claro y contundente de que el Reino Unido garantizará a quienes ya residan en su territorio, la permanencia en el mismo, aunque estén en situación de desempleo o no desempeñen puestos de alta cualificación y la igualdad de derechos, con sus propios nacionales y destaca además que se debería asegurar que el país no se convertirá en un competidor desleal de la UE en ningún sentido, porque eso podría dar lugar a una ola de dumping salarial y social que recorrería todo el continente.

UGT utilizará todas las herramientas a su alcance para defender los intereses de éstos trabajadores pero se niega a que en la mesa de negociación sólo estén presentes los intereses comerciales y por ello exigirá que los sindicatos sean un agente activo en las negociaciones y, potenciará la coordinación y colaboración con los sindicatos británicos y con la Confederación Europea de Sindicatos (CES).

Esta ruptura supone una de las crisis más importantes a las que debe hacer frente una más que debilitada UE y abre muchas incógnitas sobre su futuro.

La falta de un proyecto común en Europa y las políticas de austeridad llevadas a cabo por los gobiernos nacionales bajo el encargo de Bruselas han producido un auge del populismo y un descontento y una desafección de las personas a las instituciones europeas y sus representantes que sólo se corregirá si se produce un giro de 180 grados en la UE.

La Unión General de Trabajadores reclama una Unión Europea que afronte el drama del paro, de la precariedad, de la pobreza, de la desigualdad, que se preocupe de asegurar unas condiciones de vida y trabajo justas, y sepa afrontar los nuevos retos sociales, laborales y económicos poniendo a las personas en el centro de las políticas.

UGT, además exige que el Gobierno español defienda los intereses de las/los trabajadoras y trabajadores españoles y no vuelva a acordar un tratado comercial favorable al capital que deje en la cuneta a los y las trabajadoras, como hizo al suscribir el vergonzoso acuerdo del Consejo de la Unión Europea con Reino Unido, firmado antes del referendo.

Es imprescindible lograr una Unión Europea más solidaria, coherente y más humana, que dé pasos decididos hacia una Europa de los ciudadanos y ciudadanas, en definitiva, una Europa Social que anteponga los intereses de sus ciudadanos frente a los intereses económicos, que ponga por delante los derechos de las personas frente a los intereses de las corporaciones y las empresas y que luche, promueva y defienda los derechos de sus ciudadanos, especialmente de los más desfavorecidos.